En una votación histórica, el Pleno del Congreso ha aprobado dos importantes medidas relacionadas con la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. En la primera votación, con una clara mayoría de 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones, se ha aprobado la inhabilitación de Ávalos para ejercer funciones públicas durante un período de cinco años. Esta medida se ha tomado debido a su falta de acción en la investigación del expresidente Pedro Castillo, quien fue acusado de protagonizar un golpe de Estado durante su mandato.

En la segunda votación, el Parlamento ha aprobado acusar constitucionalmente a Ávalos por los delitos penales de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tal como lo establece el artículo 377 del Código Penal. Esta resolución ha sido respaldada por una mayoría de 71 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones.

Cabe recordar que el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobado por la Comisión Permanente el 21 de diciembre, recomendó la denuncia contra Ávalos por haber infringido el artículo 159 de la Constitución Política, que establece que el Ministerio Público debe perseguir el delito.

En enero de 2022, la actual fiscal suprema abrió una investigación contra Castillo en casos relacionados con Petroperú, Tarata y ascensos militares. Sin embargo, las diligencias fueron suspendidas bajo el argumento de que no se podían llevar a cabo mientras el expresidente estuviera en el poder, un plazo que culminaba en 2026.

Sin embargo, su sucesor en el cargo, Pablo Sánchez, decidió abrir nuevas carpetas fiscales contra el entonces mandatario, argumentando que si se permitía que su gobierno culminara, podría borrar las pruebas que lo incriminaban en la supuesta liderancia de una organización criminal.

Ante estos hechos, la subcomisión también ha decidido denunciar a Ávalos Rivera por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Esta medida busca garantizar la integridad de las investigaciones y el cumplimiento de los deberes funcionales en el ámbito del Ministerio Público.