El Congreso de la República ha rechazado de manera contundente el fallo de la Tercera Sala Constitucional de Lima, que pretendía paralizar el proceso que podría culminar hoy con la destitución de algunos o todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El presidente del Parlamento, Alejandro Soto, responsabilizó a la Sala de los actos que puedan surgir en futuras investigaciones sobre los miembros de la JNJ.

El fallo de la Tercera Sala, dictado por los vocales superiores José Luis Velarde Acosta, José Clemente Escudero López y Néstor Paredes Flores, otorgaba en parte una medida cautelar que suspendía temporalmente los efectos de la imputación de cargos contra los miembros de la JNJ. Sin embargo, esta decisión fue cuestionada ya que iba en contra de una sentencia previa del Tribunal Constitucional, que establecía que el Poder Judicial no puede interferir en las funciones del Poder Legislativo.

Como resultado, los intentos de los miembros de la JNJ por evitar su destitución no prosperaron, y deberán comparecer ante el Pleno del Congreso tal como estaba programado.

El jurista Domingo García Belaunde sugiere que el Congreso apele la medida cautelar ante el superior jerárquico, denuncie a los jueces del colegiado por prevaricato y continúe con el proceso de destitución, haciendo uso del artículo 93 de la Constitución que establece la inmunidad de los congresistas ante sus votos y opiniones.

Mientras algunos congresistas expresaron su preocupación por la celeridad con la que se emitió el fallo de la Tercera Sala, otros, como Flor Pablo, sostienen que el Congreso tiene la obligación de cumplir el mandato judicial y dejar sin efecto la convocatoria al Pleno destinado a la destitución de los miembros de la JNJ.

Uno de los argumentos de los jueces fue que, a pesar de que la Constitución permite la destitución de miembros de la JNJ por falta grave, el procedimiento para llevarlo a cabo no está establecido.