La aprobación de cuatro proyectos de ley por parte del Congreso de la República del Perú ha encendido las alertas sobre el manejo de las finanzas públicas, en medio de un contexto electoral.

Las iniciativas, impulsadas por bancadas de Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular y Perú Libre, incrementan el gasto fiscal en más de S/10,000 millones sin contar con una fuente de financiamiento clara.

Especialistas advierten que estas medidas agravan el déficit fiscal, que ya representa un desbalance entre ingresos y gastos del Estado. Actualmente, el sector público registra un déficit mensual cercano a los S/2,200 millones, lo que, sumado a las nuevas obligaciones, podría generar mayores presiones sobre las cuentas fiscales en el corto y mediano plazo.

Entre las normas aprobadas figura una que otorga beneficios similares a la llamada “cédula viva” para el personal militar y policial, con un costo estimado de S/3,800 millones anuales. También se incluye una iniciativa que amplía beneficios laborales como CTS y gratificaciones a trabajadores del régimen CAS, cuyo impacto fiscal alcanzaría los S/3,050 millones por año, según estimaciones del Consejo Fiscal del Perú.

Asimismo, se aprobó una asignación especial para el personal administrativo del sector Educación, que demandaría alrededor de S/1,500 millones anuales, y otra norma que incorpora a trabajadores del régimen CAS de Essalud y del Ministerio de Salud al régimen 728, con un costo estimado de S/1,300 millones por año. En conjunto, estas medidas representan cerca del 1% del Producto Bruto Interno.

Diversos analistas han cuestionado el momento en que se aprueban estas iniciativas, señalando que responden a una dinámica de campaña electoral en la que se priorizan beneficios para determinados grupos. Advierten que se trata de gastos permanentes que deberán ser asumidos por el Estado en los próximos años, comprometiendo la sostenibilidad fiscal.

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla calificó las decisiones como una vulneración de las reglas fiscales y advirtió que podrían obligar al país a incrementar su nivel de endeudamiento. Según señaló, esto no solo afectaría la estabilidad macroeconómica, sino que también podría traducirse en un mayor costo del crédito para el Estado y para los ciudadanos.