El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó un proyecto de reforma constitucional para restituir el mecanismo de la inmunidad parlamentaria, que quedó sin efecto en febrero de 2021.

El proyecto, iniciativa N°5652, busca modificar el artículo 93 de la Constitución para establecer que los parlamentarios "no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación". También propone que los magistrados del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo gocen de la misma prerrogativa.

Según el documento, durante su mandato, los parlamentarios no podrán ser procesados ni encarcelados sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente, excepto por delito flagrante.

En caso de delito flagrante, los legisladores denunciados serán puestos a disposición del Congreso o la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas para autorizar o no la privación de libertad y enjuiciamiento, con un plazo improrrogable de 30 días calendario.

Soto justificó su propuesta argumentando que la desprotección de los congresistas expuestos a denuncias y procesos penales debilita el Poder Legislativo. Alega que el antejuicio preserva la fortaleza e institucionalidad del parlamento, evitando que sus miembros sean procesados o encarcelados por motivaciones sociales, políticas o económicas.

El proyecto cuenta con la firma de ocho congresistas de Acción Popular, incluyendo aquellos vinculados al caso "Los Niños", acusados de coludirse con el expresidente Pedro Castillo para favorecerlo en votaciones a cambio de beneficios personales.