El congresista Edwin Martínez presentó una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, solicitando su destitución por presuntas faltas graves vinculadas al manejo de la franja electoral. El recurso sostiene que se habría permitido el uso indebido de alrededor de S/80 millones de fondos públicos destinados a la difusión de propaganda electoral en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Según la denuncia, a la que se tuvo acceso, el titular de la ONPE tenía la obligación de reglamentar y supervisar el uso de dichos recursos conforme al artículo 38 de la Ley de Organizaciones Políticas. No obstante, se le atribuye no haber establecido salvaguardas suficientes para evitar direccionamientos, conflictos de interés y la dilapidación de fondos hacia personas o empresas vinculadas a partidos políticos, incluidos fundadores, dirigentes, candidatos y militantes.

Entre los casos citados se encuentra el del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), que habría recibido cerca de S/1 millón para la franja electoral pese a no contar con candidatos habilitados para la contienda. Para el denunciante, este hecho constituye un “derroche inaceptable de recursos públicos” que desvirtúa el objetivo del financiamiento estatal y afecta la equidad en la competencia política.

El documento también cuestiona que, tras detectarse irregularidades, los desembolsos no se hayan detenido de manera oportuna. De acuerdo con el petitorio, el jefe de la ONPE habría continuado con la distribución de recursos pese a conocer los cuestionamientos, lo que —según la denuncia— lo convierte en corresponsable de los presuntos malos manejos.

El congresista Martínez remarcó que la función del titular del organismo electoral no puede limitarse a una gestión pasiva, sino que implica una responsabilidad activa en la protección del erario y la prevención de cualquier uso indebido. Añadió que estos hechos afectarían la confianza ciudadana en las instituciones electorales y, por extensión, la legitimidad de los procesos democráticos.

Adicionalmente, la denuncia incluye una acusación por presunta negligencia en la implementación de la Solución Tecnológica de Voto Digital. Se señala que el Jurado Nacional de Elecciones observó y desaprobó la propuesta impulsada por Corvetto por no cumplir con estándares mínimos de seguridad, lo que —según el recurso— habría privado a millones de peruanos, dentro y fuera del país, de una alternativa tecnológica confiable para ejercer su derecho al voto.