Editorial de Alfonso Baella Matto, publicado en El Reporte

La creación de un comando unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, anunciada por la presidenta Keiko Fujimori, constituye una señal de que el Gobierno ha decidido colocar la seguridad ciudadana en el centro de su agenda. Es una decisión necesaria frente a una realidad que el Perú ya no puede tolerar: la delincuencia ha dejado de ser una percepción o un malestar para convertirse en una amenaza cotidiana contra la vida de millones de ciudadanos. Los extorsionadores cobran cupos a transportistas y comerciantes; los sicarios asesinan a plena luz del día; las organizaciones criminales imponen sus propias reglas en barrios, mercados y rutas de transporte. En Lima y en el interior del país, trabajar, emprender o simplemente regresar a casa se ha convertido, para muchos peruanos, en una preocupación permanente. Cuando el miedo empieza a condicionar la vida cotidiana, el Estado tiene la obligación de actuar. Y debe hacerlo con urgencia.

En ese contexto, la decisión de integrar capacidades policiales y militares merece atención. El crimen organizado no puede combatirse eficazmente con instituciones que trabajan de manera aislada, información dispersa y operaciones sin coordinación. El nuevo comando, con un centro de control y operaciones, busca articular esfuerzos y agilizar la respuesta frente a las organizaciones criminales. A ello se suman el anuncio de un grupo de élite para ejecutar capturas y las medidas destinadas a recuperar el control de los establecimientos penitenciarios. El desafío será convertir esa estructura en resultados concretos.

La coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía debe traducirse en inteligencia compartida, operaciones eficaces y organizaciones criminales desarticuladas. La Policía debe mantener su papel central en la investigación del delito, mientras que la participación militar debe desarrollarse dentro de sus competencias y del marco legal. La firmeza del Estado no está reñida con el respeto a la ley; por el contrario, su autoridad depende de ambas cosas.

Hay, además, un aspecto políticamente relevante: la decisión de concentrar la atención del Gobierno en aquello que más preocupa a la ciudadanía. La madurez de una administración también se demuestra cuando sabe distinguir entre las disputas de la política y las urgencias del país. Hoy, la prioridad de millones de peruanos no es la confrontación entre partidos, sino poder trabajar sin pagar cupos, viajar sin temor a un asalto y vivir sin la amenaza de un sicario. La seguridad no es un asunto más en la agenda pública: es una condición indispensable para ejercer la libertad y desarrollar cualquier actividad económica.

Por eso, las promesas de mano dura que Keiko Fujimori sostuvo durante sus cuatro campañas presidenciales deben adquirir ahora una dimensión concreta. Desde el Gobierno, ya no basta con anunciar firmeza. Es necesario demostrarla mediante una estrategia sostenida, con objetivos verificables y responsabilidades definidas. Esa estrategia debe ir más allá de los operativos policiales.

Resulta indispensable impedir que los delincuentes continúen dirigiendo extorsiones desde las cárceles, fortalecer la inteligencia financiera para seguir el dinero de las bandas y coordinar con las empresas de telecomunicaciones para dificultar el uso de líneas telefónicas con fines criminales. La comisión especial anunciada por el Ejecutivo, con participación de organismos como la UIF, la DINI y Osiptel, puede contribuir a cerrar espacios que hoy aprovecha el delito.

Asimismo, fiscales y jueces deben garantizar investigaciones sólidas y sanciones efectivas. Una captura pierde buena parte de su valor si el sistema de justicia no consigue llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.

El Gobierno tiene, por tanto, una responsabilidad que no admite postergaciones. La ciudadanía ha llegado al límite de su tolerancia frente a una criminalidad que amenaza su patrimonio, su tranquilidad y su vida. Cada extorsión impune y cada asesinato evitable profundizan la desconfianza en las instituciones y alimentan la sensación de que el delincuente lleva la iniciativa.

El comando unificado es un paso que deberá evaluarse por sus resultados, no por la contundencia de su anuncio. Reducir los homicidios y las extorsiones, desarticular bandas y recuperar el control de las cárceles serán indicadores mucho más importantes que cualquier discurso.

Ya no hay tiempo para la improvisación ni para las promesas que se agotan en titulares. El Perú necesita un Estado capaz de actuar con decisión, coordinación y eficacia. La mano dura que se prometió en campaña debe convertirse en protección real para los ciudadanos. Porque la verdadera medida del éxito no será cuántos operativos anuncie el Gobierno, sino cuántos peruanos puedan volver a vivir y trabajar sin miedo.