Por Augusto Cáceres Viñas, médico y gestor público

Hace exactamente un año publiqué un artículo titulado “Feriados de Miércoles”. Sostenía entonces que un país con millones de pobres no podía darse el lujo de seguir multiplicando días no laborables mientras necesitaba crecer, producir y desarrollarse.

Confieso que, al iniciarse el nuevo gobierno, tuve la esperanza de que se emprendieran reformas de esa naturaleza. No porque hubieran sido prometidas, sino porque simbolizaban algo mucho más profundo: la voluntad de romper inercias y asumir el costo político de hacer lo correcto. Finalmente, se confirmó que el régimen de feriados permanecería intacto.

No fue una decepción por los feriados en sí mismos. Fue la sensación de que, una vez más, el Perú prefería la comodidad del consenso antes que la audacia de la transformación.

Y entonces recordé la batalla de Junín.

El 6 de agosto de 1824, hace doscientos dos años, cerca de mil doscientos jinetes patriotas se enfrentaron a la mejor caballería del ejército realista en las pampas de Junín, a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Venían de recorrer cientos de kilómetros por la cordillera, soportando frío, hambre, lluvia y agotamiento. Aquellos hombres no luchaban por privilegios ni por comodidad. Luchaban por la libertad.

La batalla duró menos de una hora y prácticamente no se disparó un solo tiro. Todo se decidió a lanza y sable. En un momento crítico, cuando la derrota parecía inevitable, apareció un joven subteniente peruano: José Andrés Rázuri.

La historia suele decir que desobedeció una orden. Yo prefiero decir que comprendió el momento.

Rázuri entendió que existían circunstancias en las que la responsabilidad era mayor que la obediencia. Convencido de que la retirada significaría la derrota, tomó una decisión extraordinaria: transmitió una orden distinta, provocando la carga de los Húsares del Perú sobre la retaguardia realista. Aquella iniciativa cambió el curso de la batalla y convirtió una derrota casi segura en una victoria memorable.

En reconocimiento a su heroísmo, Simón Bolívar rebautizó a ese regimiento como los inmortales Húsares de Junín.

Sin Junín, probablemente no habría existido Ayacucho. Y sin Ayacucho, nuestra independencia difícilmente habría culminado como la conocemos.

La verdadera lección de Junín no es únicamente militar.

Es una lección sobre el liderazgo.

Las grandes transformaciones de los pueblos no nacen de la rutina. Nacen de la iniciativa.

Los países que progresan no son aquellos que administran mejor sus problemas, sino aquellos que tienen el coraje de resolverlos.

El Perú de hoy libra otra batalla. Ya no combatimos contra un ejército extranjero. Combatimos contra la informalidad que condena a millones de compatriotas a vivir sin derechos; contra una criminalidad que ha convertido la extorsión y el sicariato en actividades cotidianas; contra una burocracia que asfixia al ciudadano; contra una justicia lenta e impredecible y contra un Estado que, demasiadas veces, administra los problemas en lugar de solucionarlos.

Sabemos desde hace años cuáles son muchas de las reformas que necesitamos. Simplificar el Estado, formalizar la economía, modernizar la educación, fortalecer la seguridad, recuperar la autoridad, racionalizar el exceso de regulaciones y de feriados improductivos, hacer eficiente el gasto público y eliminar privilegios enquistados.

Sin embargo, seguimos postergando esas decisiones porque podrían generar protestas, afectar intereses creados o producir un desgaste político que pocos están dispuestos a asumir.

Existen mitos que ningún gobierno parece atreverse a desafiar.

Petroperú es quizá el más costoso de todos.

Durante décadas se nos ha repetido que es una empresa estratégica y que regula el precio de los combustibles. Ninguna de esas afirmaciones resiste un análisis serio. El abastecimiento de combustibles del Perú depende de un mercado abierto en el que participan numerosas empresas privadas, y los precios internos responden fundamentalmente a las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados.

A pesar de ello, los peruanos hemos destinado en los últimos años más de diez mil millones de dólares entre aportes de capital, garantías, capitalizaciones y rescates financieros para sostener una empresa que no ha generado un beneficio equivalente para la nación.

Ese dinero no apareció por generación espontánea.

Salió del trabajo y de los impuestos de millones de peruanos que siguen esperando hospitales modernos, escuelas de calidad, carreteras, agua potable, seguridad ciudadana y mejores oportunidades para sus hijos.

Sin embargo, ningún gobierno se atreve a enfrentar el problema de fondo. No porque ignore el diagnóstico, sino porque teme el costo político, la presión sindical y el ruido ideológico que inevitablemente produciría una reforma profunda.

Y Petroperú no es el único caso.

La informalidad, la reforma del Estado, la simplificación tributaria, la modernización de la justicia, la reorganización de la seguridad ciudadana y tantas otras decisiones indispensables llevan décadas esperando que alguien tenga el valor de ejecutarlas.

Administrar consiste en postergar el conflicto.

Tener iniciativa consiste en resolverlo.

No se trata de defender dogmas ideológicos ni de enfrentar al Estado con el mercado. Se trata de gobernar con responsabilidad. Ninguna institución, pública o privada, puede convertirse indefinidamente en una carga para toda la nación sin demostrar que genera un beneficio superior al sacrificio que exige.

La historia demuestra que las reformas trascendentes rara vez son cómodas.

En 1990, el Perú enfrentó una hiperinflación devastadora y un Estado prácticamente quebrado. Las medidas de estabilización económica fueron extraordinariamente duras, pero evitaron el colapso definitivo del país y permitieron iniciar su recuperación. Aquellas decisiones tuvieron un enorme costo político, pero también un enorme beneficio histórico.

Hoy los desafíos son distintos.

Pero la virtud que necesitamos es exactamente la misma.

La iniciativa.

La historia no recuerda a José Andrés Rázuri porque esperó instrucciones.

Lo recuerda porque comprendió que había momentos en los que actuar era una obligación moral.

Quizá esa sea la enseñanza más importante que nos deja Junín.

El Perú necesita menos administradores de la rutina y más hombres y mujeres capaces de asumir la iniciativa para cambiar el rumbo de la República.

Necesita la valentía de enfrentar aquello que todos saben que debe cambiar, pero que casi nadie se atreve a tocar. Necesita gobernantes que comprendan que el verdadero liderazgo no consiste en evitar los conflictos, sino en resolverlos.

Hace doscientos dos años, un joven subteniente peruano tuvo el valor de cambiar el curso de una batalla.

Junín nos enseñó que la iniciativa puede cambiar el destino de una batalla. El Perú necesita demostrar que también puede cambiar el destino de una nación.

Porque las naciones no cambian cuando administran la rutina; cambian cuando alguien tiene la iniciativa de transformarla.