Petroperú atraviesa una delicada situación financiera en medio de los problemas registrados en el mercado de combustibles y la creciente presión sobre las cuentas de la empresa estatal. Entre 2022 y 2024, el Estado peruano destinó más de S/17.000 millones para sostener a la compañía, mientras que actualmente su deuda supera los US$1.500 millones, según la información difundida.

Uno de los principales puntos de cuestionamiento está relacionado con el gasto en personal. Petroperú destinaría alrededor de S/388 millones anuales al pago de remuneraciones de más de 2.200 trabajadores. De acuerdo con los datos citados, el ingreso mensual promedio de un trabajador bordea los S/8.700, mientras que un gerente supera los S/19.000 y el gerente general recibe más de S/26.000.

A este desembolso se suman 83 tipos de beneficios laborales, entre bonos, asignaciones y otros conceptos. Estos beneficios representarían unos S/276 millones adicionales en un año, incluyendo la escolaridad para hijos de trabajadores hasta los 28 años. De esta manera, el gasto en remuneraciones y beneficios laborales superaría los S/660 millones anuales, en una empresa que continúa registrando dificultades financieras y requiere respaldo estatal.

La estructura laboral también está marcada por una elevada presencia sindical. Petroperú cuenta con al menos 12 organizaciones sindicales y una tasa de sindicalización superior al 95%, situación que ha contribuido a consolidar beneficios a lo largo de los años, pero que también puede dificultar procesos de reducción de costos y reestructuración. A ello se suman los problemas operativos de la Refinería de Talara, cuya construcción demandó una inversión superior a los US$6.500 millones y que ha enfrentado dificultades para mantener una producción estable.

La situación expone problemas estructurales que van más allá del gasto laboral, entre ellos el endeudamiento, las pérdidas acumuladas, la injerencia política y la rotación de directivos. Mientras Petroperú mantiene un papel estratégico en el abastecimiento de combustibles, su deterioro financiero incrementa el riesgo de nuevas transferencias de recursos públicos. En ese escenario, la reducción de costos, una eventual reestructuración y la definición del futuro de la empresa aparecen como decisiones cada vez más relevantes para las finanzas públicas y la seguridad energética del país.