Por Augusto Cáceres Viñas, médico y gestor público

El 5 de abril de 2022 no fue un día más en la historia reciente del Perú. Fue, sin exagerar, el punto de quiebre. El momento en que un gobierno acorralado decidió cruzar una línea que no debía cruzarse jamás: restringir arbitrariamente la libertad de millones de ciudadanos para intentar sostenerse en el poder.

Ese día, mientras el presidente Pedro Castillo enfrentaba una posible destitución en el Congreso, el Ejecutivo decretó la inmovilización obligatoria de Lima y el Callao. No fue una medida sanitaria. No fue una respuesta técnica. Fue una decisión política desesperada, sin sustento constitucional, orientada a neutralizar la movilización ciudadana y ganar tiempo frente a una crisis que ya era insostenible.

Encerrar a la capital del país no fue un error. Fue una señal.

Una señal de que el gobierno estaba dispuesto a utilizar el poder sin límites.

Una señal de que la legalidad había dejado de ser un marco de acción.

Una señal de que el autoritarismo comenzaba a asomar sin máscaras.

Pero también fue el inicio de algo más grande.

Fue el inicio de la reacción.

La indignación no tardó en llegar. Ciudadanos que salieron a las calles pese a la prohibición. Instituciones que alzaron la voz. Autoridades que decidimos no someternos a una disposición arbitraria. Desde la Municipalidad de San Isidro, en mi condición de alcalde, tomé la decisión de no acatar una medida abiertamente inconstitucional. No podíamos ser cómplices de un atropello.

Gobernar no es obedecer ciegamente al poder central. Gobernar es defender a los ciudadanos, incluso —y sobre todo— cuando el abuso proviene del propio Estado.

Ese 5 de abril marcó el inicio de un proceso de resistencia cívica. Una cadena de hechos que fue debilitando progresivamente a un gobierno corroído por la corrupción, la improvisación y el desprecio por las instituciones.

Cinco meses después, el desenlace era inevitable.

El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo intentó consumar un golpe de Estado. Disolvió el Congreso, intervino el sistema de justicia y pretendió gobernar por decreto. Fue la confirmación de lo que ya se había insinuado aquel 5 de abril: no creía en la democracia.

Pero el Perú respondió.

Las instituciones resistieron. Las Fuerzas Armadas no se plegaron. La ciudadanía no se sometió. Y el golpe fracasó.

Por eso, el 5 de abril no debe ser olvidado. Porque ese día vimos con claridad lo que estaba en juego. Porque ese día comenzó el fin de un gobierno que había decidido apartarse del orden democrático.

Y porque hoy, cuando algunos de los actores de ese proceso —cómplices por acción o por silencio— pretenden volver al escenario político, es necesario recordar.

Recordar quiénes defendieron la ley.

Y quiénes miraron al costado.

No fue una lucha fácil. No cayeron los golpistas sin intentar destruir a quienes los enfrentamos cara a cara y sin titubeos. Se requirió coraje, firmeza y una profunda convicción democrática. Se requirió esfuerzo, entrega y sacrificio.
Pero hoy, cuatro años después, aquí estamos.

Más fuertes. Más claros. Más decididos.

Reconfortados por la historia, fortalecidos por la adversidad y dispuestos —como entonces— a entregarlo todo por el Perú.
Porque la democracia no se negocia.
La honestidad no se relativiza.

Y la integridad no se abandona.

Ni olvido. Ni rendición.