La penalista Romy Chang señaló que el caso por obstrucción a la justicia contra Keiko Fujimori y otros implicados ha quedado anulado tras una decisión del Tribunal Constitucional. Según explicó, el motivo fue la falta de objetividad del fiscal José Domingo Pérez, lo que invalida todos los actos procesales realizados por él en esta investigación.

Como consecuencia, la investigación regresa a cero y deberá ser revisada por un nuevo fiscal. Para Chang, la posibilidad de que este caso se reactive es mínima, ya que el tiempo transcurrido y la debilidad de los fundamentos dificultarían una nueva acusación sólida. En su opinión, es probable que el caso termine archivado.

A pesar de esta nulidad, la investigación por lavado de activos continúa su curso de manera independiente. Chang precisó que este proceso se sigue en otra fiscalía y responde a una lógica jurídica distinta. En él se investigan aportes presuntamente irregulares a las campañas de Fujimori, provenientes de empresas nacionales e internacionales.

La abogada también criticó la estrategia del Ministerio Público de ampliar excesivamente el caso, al incluir a empresarios y abogados en una red demasiado extensa. Según indicó, esta decisión terminó restando eficacia a la investigación y volvió inmanejable el proceso judicial.

Finalmente, Chang consideró que este revés representa una derrota para la Fiscalía y debería impulsar una revisión profunda de sus métodos. También lamentó el gasto de recursos públicos durante los ocho años que tomó la investigación, sin resultados concretos.

La decisión judicial, según concluyó, aligera el panorama judicial de Fujimori, justo en un año marcado por definiciones políticas clave.