El presidente interino de la República, José María Balcázar, fue citado por el Poder Judicial para afrontar un juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque. La audiencia fue programada para junio de 2026, en el marco de un proceso penal por hechos que habrían afectado el patrimonio de la orden profesional.

La citación fue dispuesta por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, que consideró superadas las etapas de investigación preparatoria y control de acusación, habilitando así el inicio de la fase de juzgamiento. El tribunal estableció fecha y hora para la instalación del juicio, así como las obligaciones procesales correspondientes a las partes involucradas.

Según el expediente, Balcázar es investigado por el presunto delito de apropiación ilícita común, tipificado en el artículo 190 del Código Penal. El juzgado determinó su competencia para conocer el caso conforme a la normativa procesal vigente y dispuso que el debate probatorio se realice en audiencia pública.

La diligencia fue fijada para el 16 de junio de 2026 a las 10:00 a.m. y podrá desarrollarse de manera presencial o virtual, según disponga el órgano jurisdiccional. La resolución advierte que la comparecencia del mandatario es obligatoria y que, de no asistir sin causa justificada, podría ser declarado reo contumaz, lo que habilitaría la emisión de órdenes de captura y la continuación del proceso en su ausencia.

El auto judicial ordena además la notificación formal al imputado, su defensa técnica, el fiscal, así como a testigos y peritos, con el fin de garantizar el derecho de defensa y el principio del debido proceso. También dispone la organización del expediente en un cuaderno principal y un cuaderno de pruebas, donde se concentrarán las actuaciones y los medios probatorios admitidos para el juicio.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Lambayeque emitió previamente un pronunciamiento institucional en el que expresó su rechazo a la postulación de Balcázar a la presidencia del Congreso, cargo que posteriormente lo colocó en la línea de sucesión constitucional. En el comunicado, la orden profesional recordó los cuestionamientos éticos, civiles y penales que pesan en su contra y exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con imparcialidad y diligencia en el trámite del proceso.