El abogado peruano Carlos Caro Coria advirtió que la reciente sentencia emitida por un jurado en Nuevo México contra Meta representa un punto de quiebre en la regulación de plataformas digitales. La compañía, matriz de Instagram y Facebook, fue condenada a pagar 375 millones de dólares en un fallo que cuestiona directamente la supuesta neutralidad de los algoritmos.

“Es el primer gran golpe judicial a la doctrina de la ‘irresponsabilidad de las plataformas’”, sostuvo Caro Coria, al analizar el impacto del veredicto. Según explicó, la decisión establece que el diseño algorítmico no puede considerarse neutral cuando facilita la explotación de menores, lo que abre un nuevo frente en la discusión sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas.

Desde el punto de vista jurídico, el especialista destacó que el aspecto más relevante no es el monto de la sanción, sino la ruptura del llamado “puerto seguro”. “El tribunal ha validado que Meta violó la normativa al ocultar deliberadamente riesgos de seguridad que sus propios ingenieros ya habían identificado”, afirmó, al referirse a la aplicación de la legislación estadounidense sobre prácticas comerciales desleales.

Caro Coria precisó además que la sentencia sostiene que la empresa engañó a los usuarios respecto a la eficacia de sus sistemas para filtrar contenido depredador y proteger a los adolescentes. “Se ha demostrado que existía evidencia interna que advertía sobre estos riesgos, pero que fue ignorada en favor del engagement”, indicó, subrayando la relevancia de los documentos internos en el proceso.

En cuanto a las implicancias para la industria tecnológica, el abogado señaló que el fallo introduce el concepto de responsabilidad por diseño. “Ya no se evalúa únicamente el contenido que publican terceros, sino cómo el algoritmo lo distribuye y a quién se expone”, explicó, añadiendo que este criterio eleva significativamente el estándar de diligencia que deberán cumplir las empresas del sector.

Finalmente, advirtió que el caso podría generar un efecto dominó en futuras decisiones judiciales, especialmente ante una nueva fase del proceso prevista para mayo, donde se buscarían cambios estructurales en la compañía. “Es el inicio de una era donde la ética del producto y el compliance deberán ir de la mano, o enfrentarse a responsabilidades civiles sin precedentes”, concluyó.