Fuente: EL REPORTE

El ataque a distintas propiedades públicas y privadas se volvió un hábito durante la actual ola de violencia. Lejos de sopesar el perjuicio económico que puede representar, los vándalos incluyeron en su lista a la unidad minera Julcani, de la compañía de minas Buenventura, que está ubicado en Ccochaccasa, provincia de Angaraes, región Huancavelica. Su irrupción del último domingo 5 de febrero, con casi 300 personas, fue la muestra de su criminalidad: secuestraron a los trabajadores, destruyeron e incendiaron todo a su paso, robaron equipos y material importante, y más. Todo esto con el fin de paralizar al alma máter de esta compañía inició sus operaciones en 1953. Transitoriamente, por su estrategia de coacción y tras obligarlos a firmar una carta, lograron tal fin. Sin embargo, se espera que el gobierno tome acciones pronto para revertir este panorama. De lo contrario, la empresa seguirá perdiendo US$ 200,000 diarios y, en consecuencia, seguirá perdiendo el Perú.

Un grupo de entre 280 y 300 personas que provenía de distintas comunidades, entre estas la de Anchonga, se concentró para tomar por asalto la unidad minera. Esto pasó la mañana del 5 de febrero. Movilizados por demandas fuera de lugar como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, se distribuyeron para materializar su plan: una camarilla ingresó a la fuerza a la mina de Buenaventura y otra se quedó resguardando en el socavón donde quemaron llantas y colocaron piedras de gran magnitud. El objetivo de esto última táctica era cerrar la carretera Huancavelica - Lircay y también varios accesos del distrito de Ccochaccasa.

Después de toda la violencia ejecutada en el lugar, obligaron a los trabajadores a firmar una carta en la que se comprometían a paralizar todo el funcionamiento. En esta decía lo siguiente: “Mediante el presente documento informamos a nuestros colaboradores y demás interesados que, dada la coyuntura que viene atravesando la provincia de Angaraes y el país en general, la operación minera Julcani está paralizando su operación a fin de salvaguardar la integrar de sus colaboradores e infraestructura”. Asimismo, precisaba que se estaba parando “todo el tema logístico y operacional” y que el trabajo iba a restablecerse “cuando haya garantías para operar de manera segura bajo un acuerdo comunal del distrito de Anchonga”. Al final venía la advertencia: “En caso de incumplimiento se tomarán medidas drásticas”.

Al no haber autoridades que atendieran el caso inmediatamente, se tuvo que acatar la medida extorsiva. Así lo confirmó la misma compañía Buenaventura con un comunicado. "A las 11 de la mañana, estos pobladores irrumpieron en el campamento minero para coaccionar a los representantes de Julcani a firmar un acta con contenidos con los que la empresa no está de acuerdo, exigiendo, entre otras cosas, que la unidad minera paralice totalmente y hasta nuevo aviso sus operaciones. Asimismo, obligaron a los trabajadores de la operación a dejar las instalaciones bajo amenazas, apedrearon oficinas y vehículos de la unidad minera y sustrajeron algunas pertenencias", se lee.

Agregaron en el pronunciamiento que "a fin de velar por la integridad de los trabajadores, la Unidad Julcani ha iniciado la desmovilización de todo el personal y ha suspendido sus operaciones hasta que las condiciones de seguridad sean las adecuadas. Esta situación limita a la compañía a realizar actividades esenciales dentro de la operación, lo que pone en riesgo la seguridad ambiental de la zona, tal como ha sido comunicado de inmediato a OEFA y Osinergmin para la determinación de las responsabilidades correspondientes".

En una entrevista, Leandro García, el gerente general de la empresa, dio cuenta de que esta paralización se traducía en la pérdida diaria de entre US$ 180,000 y US$ 200,000. Asimismo, perjudicaba económicamente a los 1,200 trabajadores que tiene la unidad minera.

Reveló que ya habían tratado de entablar una comunicación con ellos, pero que fueron sorprendidos el último domingo. Señaló que llegó "un grupo mucho más grande, de entre 280 o 300 personas, con actitud más beligerante, poco ánimo para negociar y, ante el riesgo al que se veían expuestos nuestros trabajadores, accedimos a firmar el acta y suspender labores de trabajo de la unidad minera".

Esta encrucijada hasta el momento no tiene fecha de expiración. Por el temor a un ataque de mayor envergadura, esta importante unidad minera seguirá paralizada. Los vándalos no dan su brazo a torcer y el gobierno no zanja rápidamente la crisis. Ya es hora de que el gobierno de Dina Boluarte tome acción sobre la situación. La violencia crece mientras la economía se desmorona, como su gobierno.

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