Fuente: EL REPORTE

La segunda escalada de violencia en el sur del Perú —la primera fue en diciembre del año pasado— es la imagen una guerra civil en proceso. Tras la batalla sin cuartel desatada por grupos violentistas contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional este último lunes 9 de enero, se ha contabilizado un total de 18 personas fallecidas y más de 70 heridos, entre estos un grupo de agentes policiales que tuvo que ser trasladado a Lima para que sean atendidos. Un simple paneo a esta crisis da cuenta de la inhumanidad de la supuesta población espontánea: provocaron la muerte de un bebé al no dejar ingresar a la ambulancia que lo llevaba en una incubadora, lincharon y quemaron a un policía, saquearon el centro comercial Plaza Vea, atacando a comerciantes, roban autos al paso pese a los gritos de los menores en el interior, amenazan a periodistas, lanzan bombas artesanalas y más. En un pronunciamiento, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo que esto no da para más.

“Qué cosa ha ocurrido hoy(lunes 9 de enero) en la ciudad de Puno, hoy día y desde hace cinco días consecutivos: un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de Derecho y hacia las instituciones en Puno (...) tenían como objetivo la toma del aeropuerto de Juliaca para evitar que lleguen medicinas, que llegue la policía y que llegue el transporte diario en esta localidad clave para el desarrollo del sur”, dijo un airado primer ministro durante una coferencia en Palacio de Gobierno.

En su pronunciamiento aprovechó para repasar lo sucedido en el centro aéreo. “(Se inició) un ataque sin cuartel contra la policía” y también contra las mismas “instalaciones”. “Utilizaron avellanas, armas hechizas y armas con doble carga de pólvora, generando una situación extrema”, informó, lo mismo que minutos después reconfirmaría el ministro del Interior, Víctor Rojas. Según el análisis de Otárola, lo que se está observando es “la resaca del golpe de Estado”, el que ejecutó sin éxito Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, razón por la que viene cumpliendo una prisión preventiva por 18 meses por los presuntos delitos de conspiración y rebelión. “Aquellos azuzadores y violentistas que no pudieron enervar al gobierno peruano, quebrar la democracia, y que quisieron derribar todas las instalaciones públicas en la asonada que se inició el 7 de diciembre del año pasado”, agregó.

“En esta segunda convocatoria, han dado un paso más (los violentistas) y han tratado de subvertir el orden constitucional. En las próximas horas vamos a anunciar unas medidas importantes respecto a la seguridad pública. Lo que quiero decir es que hasta el momento se ha identificado el ingreso de más de 200 custers y combis financiadas por dineros ilegales que han transportado desde diversas ciudades a personas violentas que han estado buscando este desenlace fatal que lamentamos todos los peruanos”, comentó. Asimismo, exhortó a la Fiscalía de la Nacióna a reforzar el trabajo de los fiscales de la prevención del delito no solo para verificar el contexto de las “lamentables muertes” sino también para que “de una vez por todas se capture y se procese a quienes están destruyendo al país financiados por intereses extranjeros, foráneos y por dinero oscuro del narcotráfico”.

En medio de los rumores de una posible renuncia de Dina Boluarte y de su gabinete, el primer ministro dejó claro que “nadie se va a correr”. “Aquí no vamos a permitir que esta asonada que pretenden hacer nuevamente contra Lima se haga efectiva en los próximos días como lo han anunciado (los violentistas amenazaron con venir el 14 de enero a la capital). Y vamos a recuperar el orden interno en Puno”, apuntó y también hizo hincapié tácitamente sobre quiénes son los culpables de este panorama: “Por supuesto que hay responsables. ¿Quién azuzaba a la gente y a las agrupaciones a paritr del 7 de enero? ¿Quién anunció un golpe de Estado desde este mismo Palacio de Gobierno? ¿Quién está coordinando indebidamente estas movilizaciones para buscar impunidad y para conseguir aquello que no supo conseguir o no se le permitió conseguir en defensa de la democracia? La respuesta está en Barbadillo”.

Este martes 10 de enero el gobierno de Dina Boluarte envió una delegación de alto nivel para insistir en el diálogo y así llegar a un acuerdo con los manifestantes, muchos de ellos violentistas. Este martes también su gabinete pedirá el voto de confianza en el Congreso. No se puede presagiar cuál será el fin de esta encrucijada, pero sí se puede asegurar que el ejemplo del policía linchado y quemado en un patrullero en Juliaca es un botón de lo que podría pasar en los próximos días. Reaccione, presidenta.

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