Fuente: EL REPORTE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) al borde de la implosión. Este último miércoles 12 de julio, la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, abrió una investigación contra tres miembros del bloque mencionado: Imelda Tumialán, Humberto de la Haza y María Zavala, a todos por el presunto delito de patrocinio ilegal. Esto después que trataran de ser la fuerza de choque de Zoraida Avalos. Quisieron evitar que el Congreso la inhabilitara por haber omitido funciones al no iniciar una investigación contra Pedro Castillo, pese a que ya se habían destapado varios casos de corrupción. Para su objetivo publicaron un comunicado invitando a la reflexión, acusando entre líneas al Parlamento de someter a la abogada a un proceso aleatorio. Incluso fueron más lejos. Se conoció que quisieron obligar a la Corte Suprema -lo que incluye al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo- a pronunciarse en su misma línea. Esta injerencia fue su gran paso en falso. Y tal vez el último.

Un bloque polémico

Los antecedentes

Pese a que respaldaron la vacancia del golpista Pedro Castillo, la Junta Nacional de Justicia (que fue creada en febrero de 2019 durante el gobierno de Martín Vizcarra) cayó en una postura confrontacional contra una de las que pudo encaminar precisamente la caída del profesor chotano. Hablamos de la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides. La JNJ primero la investigó preliminarmente -por la simple razón de que tienen “atribución” para hacerlo- por hacer supuestos cambios sospechosos en el equipo especial que está a cargo del Caso Cuellos Blancos. Luego, le abrieron otro proceso preliminar por haber sido condecorada por el alcalde de Lima, Rafael López-Aliaga.

El candado

Por el momento político que se está viviendo, varios frentes congresales llegaron a la conclusión de que era una urgencia que ninguna entidad pueda estar exonerada de la justicia. Por tal motivo, en marzo se planteó que los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puedan ser sometidos a juicio y antejuicio político.

Esto por supuesto les generó escozor a todos los integrantes, a tal punto que un tiempo después el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, dijo que esto pone en peligro a la democracia. Es decir, quiere deslizarse sin ningún tipo de escrutinio hasta el final de su gestión.

Factor Zoraida

Pero eso no limitó a su parcialidad. Cuando se argumentó la denuncia contra Zoraida Ávalos para que sea inhabilitada por no investigar en su momento a Pedro Castillo y cuando todo apuntaba a que su caída era un hecho, la JNJ trató de influir en la decisión final.

La sobre defendida Ávalos

Casi como una amenaza, escribieron: "La JNJ se permite invocar respetuosamente, a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República, la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia".

Esta injerencia fue para este frente como si hubieran pisado una mina que explota en cámara lenta. Sobre todo, porque después se conoció que quisieron convencer a la Corte Suprema, incluso al mismo presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, a que compartan un pronunciamiento similar.

La posible caída

Esto provocó primero que la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, denuncié a toda la JNJ por la intromisión. Pero el caso avanzó tanto que ahora la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, decida abrir una investigación al respecto. En la mira están Imelda Tumialán, Humberto de la Haza y María Zavala.

Ante esto, varios grupos pegaron el grito al cielo, asegurando que hay una toma de instituciones, lo cual solo evidencia que pueden caer en la invención de ficciones con tal de que no haya una supervisión a fondo. La misma exprocuradora Katherine Ampuero dijo que "la fiscal de la Nación simplemente está cumpliendo con parte de sus funciones, que es la de investigar cuando existen indicios de la presunta comisión de delitos".

Mientras se avanza en este caso, el Congreso ya debería ir pensando en la Comisión Especial que estará a cargo de seleccionar a los nuevos integrantes de esta junta. Su gestión acaba en diciembre del 2024. Ya saben cómo serán recordados.

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