Fuente: EL REPORTE

Durante los últimos días, una tormenta legal ha tomado forma en el ámbito judicial, poniendo los reflectores sobre dos viejos conocidos: los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, integrantes del Equipo Especial Lava Jato. Luego de los numerosos cuestionamientos sobre su ineficiencia y su falta de imparcialidad, ahora enfrentarán un nuevo proceso disciplinario interpuesto por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Esta investigación se realiza por la presunta comisión de “falta muy grave” tras brindar declaraciones a la prensa respecto al caso de Keiko Fujimori en 2019.

Este proceso se inició a principios del año 2020, cuando José Luis Sardón, quien en ese entonces ejercía como magistrado en el Tribunal Constitucional, presentó una queja ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Según consideró Sardón, los mencionados fiscales brindaron declaraciones que lo involucran al proceso de la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Según lo dictado en la resolución, Vela Barba y Pérez Gómez tendrán un plazo de cinco días hábiles para entregar su informe de descargo por escrito.

¿Un asunto político?

Esto no es un tema aislado, teniendo en cuenta que José Domingo Pérez dispuso este miércoles ampliar las investigaciones contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular por un supuesto lavado de activos ocurrido en las elecciones del 2021. En estas indagaciones también se incluyó a Luis Galarreta, Liliana Takayama Jiménez, Miguel Angel Torres, Karina Beteta y Lindman Miranda Zamalloa.

En medio de este torbellino político, Miguel Torres, portavoz del partido Fuerza Popular, cuestionó la capacidad de Pérez para investigar el presunto lavado de activos durante la campaña electoral de 2021. “No tenemos ningún problema con que se investigue. Bienvenidas las investigaciones, pero ¿cómo el señor Pérez que está en el caso Lava Jato, en el caso Odebrecht, puede investigar la campaña del 2021? Mejor sinceremos las cosas. Digamos que esta fiscalía es una fiscalía para perseguir al fujimorismo, para perseguir a la política”, declaró al medio RPP.

El nuevo proceso

Como se recuerda, según el Ministerio Público las acusaciones de fraude generaron una movilización de fondos que habrían tenido orígenes “sospechosos”. Además, también se argumentó que habían errores detectados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en los reportes de gastos de campaña por parte de Fuerza Popular.

Sin embargo, el vocero fujimorista no escatimó en críticas hacia la fiscalía por su intento de etiquetar todos los fondos utilizados en las marchas e iniciativas ciudadanas, cuyo propósito era impugnar mesas electorales y anular actas debido a las sospechas de fraude electoral.

“La población empezó a hacer sus propias campañas. Según el señor Pérez, todas esas campañas independientes voluntarias que hicieron las personas se tenían que registrar con Fuerza Popular [...] Han redefinido el lavado de activos. Ahora el lavado de activos es el reclamo que se hace porque resulta que todo lo que hemos recibido lo entregamos como tasas al JNE. Resulta que el beneficiario de este lavado de activos es el JNE”, añadió.

Por su parte Giuliana Loza, abogada defensora de Keiko Fujimori, no solo cuestiona la jurisdicción de Pérez, sino que también revela la naturaleza intrincada de su designación en este caso.

“No tenemos ningún problema con que se investigue. Bienvenidas las investigaciones, pero ¿cómo el señor Pérez que está en el caso Lava Jato, en el caso Odebrecht, puede investigar la campaña del 2021? Mejor sinceremos las cosas. Digamos que esta fiscalía es una fiscalía para perseguir al fujimorismo, para perseguir a la política”, declaró.

Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular, también se sumó a las críticas y no sólo señalan un posible sesgo político en la actuación de Pérez, sino que también demanda su destitución de la Fiscalía. “El fiscal político Pérez, debe ser apartado de la Fiscalía y dejar de utilizarla como plataforma para atacar a sus opositores. Está manchando la imagen de la Fiscalía”, comentó en su cuenta de Twitter.

Tras este embrollo, emerge una pregunta crucial: ¿cómo se logra equilibrar el deber público con la imparcialidad en un sistema judicial bajo la mirada atenta del público? Aunque la discusión sobre la independencia judicial no es nueva, mucho menos con estos jueces que en repetidas ocasiones han demostrado su parcialidad, la situación actual recalca la importancia de mantener la neutralidad del sistema a pesar de las agitaciones políticas. ¿Cómo se resolverán estas controversias que involucran a los jueces del Equipo Especial Lava Jato?

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