Fuente: EL REPORTE

La convulsión política en Perú está una vez más bajo la lupa de distintos organismos internacionales. Tras contabilizarse hasta 50 fallecidos —producto del choque de los grupos violentistas con las fuerzas del orden— y mientras Lima está en alerta máxima por la progresiva llegada de manifestantes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) compartió su informe final. Con sus delegados distribuidos en los puntos críticos durante 3 días, detectaron no solo que las protestas se activaron después del golpe de Estado de Pedro Castillo sino que ratificaron los desmanes que vienen ejecutando varios violentistas como la toma de distintos aeropuertos. Incluso, sobre esto último, hicieron hincapié en que la violencia extrema o sistemática no es parte del derecho a la protesta y que no debería usarse este dispositivo para fines políticos ni tampoco para que se busque un conveniente saldo de decesos. Este material da cuenta además de una adecuada neutralidad, la misma que afloró tras la salida del diplomático peruano Harold Forsyth, quien fungía de aliado del golpista chotano.

La CIDH estuvo en Perú desde el 11 hasta el 13 de enero. Visitaron Juliaca, Ayacucho, Cusco, Ica y Arequipa. Después de recabar información, emitieron su veredicto sobre la encrucijada nacional este último martes 17 de enero.

Uno de los que tomó la palabra fue el vicepresidente de la CIDH y relator del organismo para Perú, Edgar Stuardo Ralón. Según señaló, se contabilizaron al menos 47 muertes (no están integrados los últimos 3 de este miércoles 18). También precisó que de esta cifra 7 son adolescentes. Y de igual forma apuntó que hay más de 700 heridos. Respecto a esto, pidió que se realicen "investigaciones serias e imparciales" y también que las fuerzas del orden intervengan de forma proporcional. Esto lo mencionó en referencia a los grupos vándalicos en estas protestas que vienen atacando a los policías con avellanas, hechizas y más. Ante esto, dijo: "la violencia no es parte del derecho a la protesta". Y los exhortó a movilizarse "de manera pacífica".

Ralón dejó claro que coincide con el antídoto de la presidenta Dina Boluarte para sellar esta crisis: el diálogo. Por tal motivo, pidió a todos los implicados a que apelen a esta alternativa para ponerle fecha de expiración a esta situación que podría llevar al país, como dijo el premier Alberto Otárola, a la anarquía.

Otras de las precisiones de la CIDH fue que los puntos que más se atacaron durante las manifestaciones fue a la infraestructura del Estado. Asimismo, hicieron hincapié en la disposición que tiene el gobierno para poder resolver esta situación a través del diálogo.

También aprovecharon para hablar sobre la antesala de esta crisis. Hicieron énfasis en que efectivamente Pedro Castillo dio un golpe de Estado y que con esto rompió el orden constitucional, razón por la que deberá afrontar un debido proceso. De igual forma, reconocieron que el Congreso actuó dentro de los márgenes constitucionales. Es decir, que la vacancia del golpista fue acertada y que con esto restablecieron el estado de derecho para que finalmente asuma la siguiente en la línea de mando: Dina Boluarte.

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