El Colegio de Economistas de Lima expresó su preocupación por la aprobación de leyes en el Congreso de la República del Perú que incrementan el gasto público y podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país. A través de un comunicado oficial, la institución advirtió que varias de estas normas, aprobadas por insistencia, pondrían en riesgo el equilibrio de las finanzas públicas.

En esa misma línea, el Consejo Fiscal del Perú alertó que las medidas impulsadas por el Parlamento tendrían efectos inmediatos y permanentes sobre el déficit fiscal. Según estimaciones de su Dirección de Estudios Macrofiscales, el costo anual de estas disposiciones alcanzaría al menos los S/ 11.400 millones, lo que incrementaría de manera significativa las presiones fiscales en el corto, mediano y largo plazo.

El gremio de economistas también cuestionó la inacción del Poder Ejecutivo al no recurrir al Tribunal Constitucional del Perú para frenar iniciativas que podrían ser inconstitucionales. A su juicio, permitir la entrada en vigencia de estas leyes agravaría el problema fiscal, afectando el financiamiento de servicios públicos, la inversión estatal y la capacidad de endeudamiento del país.

Asimismo, advirtieron que el aumento sostenido del gasto podría generar distorsiones en la asignación de beneficios laborales y pensionarios, lo que derivaría en un efecto multiplicador difícil de sostener en el tiempo. Esta situación, señalaron, podría incluso desencadenar tensiones sociales si el Estado no logra cubrir dichas obligaciones en el futuro.

El comunicado también hace referencia a las advertencias del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, sobre el impacto negativo de estas medidas en las cuentas fiscales. En ese contexto, criticaron que el Gobierno no haya tomado acciones firmes y haya minimizado la relevancia del análisis económico en la toma de decisiones.

Finalmente, el Colegio de Economistas de Lima exhortó al Congreso a actuar con responsabilidad y evitar la aprobación de normas que impliquen mayor gasto sin sustento. También pidió al Ejecutivo observar dichas leyes y, de ser necesario, acudir al Tribunal Constitucional para salvaguardar la disciplina fiscal y evitar que se comprometa la estabilidad económica y el bienestar de la población.