El Tribunal Oral Federal II, que en diciembre condenó a la expresidenta argentina Cristina Fernández, dictaminó seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en la obra pública.

En su más reciente pronunciamiento describió los argumentos de la sentencia y manifestó que se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes en Argentina.

Además de ser condenada, Fernández recibió inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas.

“Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal, judicialmente probadas en la historia de nuestro país”, argumentó el tribunal.

La institución no negó los hechos y calificó de ‘cliché’ la defensa de la también expresidenta de definir el proceso como una expresión concreta de lawfare, llevada adelante supuestamente por sus opositores políticos, el Poder Judicial y algunos medios masivos de comunicación.