El amanecer del domingo sorprendió a miles de conductores que transitaban por la Panamericana Sur. Sin previo aviso, las garitas de peaje de Villa y Punta Negra volvieron a abrirse y a cobrar, pese a que días antes se había anunciado su suspensión.

La reacción fue inmediata: bocinazos, gritos y reclamos de usuarios que se encontraron frente a barreras activas y personal de cobro en las cabinas. “¿No que ya no iban a cobrar?”, exclamaban algunos conductores, indignados por el retorno de un cobro que creían suspendido.

La concesionaria Rutas de Lima justificó la reanudación argumentando que la apelación presentada contra la sentencia judicial que ordenaba suspender el cobro deja sin efecto la medida mientras se resuelva el recurso en instancias superiores. Así, desde la madrugada, volvió el pago de los 7.50 soles en ambas garitas, lo que generó largas filas y caos vehicular. Algunos automovilistas, resignados, pagaron; otros intentaron evitar el peaje tomando rutas alternas.

Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Santa María del Mar, la respuesta fue inmediata. Las autoridades emitieron un comunicado conjunto señalando que la concesionaria estaría vulnerando derechos fundamentales al desconocer la sentencia del Poder Judicial. Alertaron que emprenderán acciones legales contra la empresa y responsabilizaron a Rutas de Lima por cualquier incidente o enfrentamiento que se genere debido a la medida.

La controversia gira en torno a un habeas corpus presentado por Santa María del Mar, que argumentaba que el cobro del peaje afectaba el libre tránsito al no haber vías alternas gratuitas disponibles. La justicia dio la razón parcialmente al distrito y ordenó suspender el cobro; sin embargo, con la apelación presentada por la concesionaria, el conflicto se trasladó nuevamente al terreno jurídico y dejó desorientados a los usuarios.

Rutas de Lima respondió con otro comunicado en el que aseguró que sus acciones se enmarcan dentro de los mecanismos legales del contrato de concesión y pidió a las autoridades evitar “hostigamientos” que afecten a la empresa y a sus inversionistas. Mientras tanto, desde la Municipalidad de Lima se insiste en que la sentencia sigue vigente y que la apelación aún no ha sido admitida formalmente, por lo que el cobro sería ilegal.

En medio de recursos legales, comunicados cruzados y protestas en la carretera, quienes vuelven a quedar atrapados son los ciudadanos. Conductores y vecinos del sur señalan que el costo diario afecta directamente su economía y que el panorama parece no tener solución a corto plazo. Por ahora, los peajes siguen cobrando, las autoridades anuncian nuevas acciones, y el conflicto se intensifica en la Panamericana Sur.