La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de reforma constitucional que busca declarar en emergencia al Ministerio Público durante un periodo improrrogable de doce meses. Durante ese tiempo, se suspenderían las funciones del fiscal de la Nación y de los fiscales supremos en ejercicio, y se instauraría una Junta Transitoria de Fiscales Supremos.

Según la propuesta, esta medida responde a la necesidad de garantizar la autonomía e integridad funcional del Ministerio Público mediante una reorganización total, sin generar gastos adicionales al erario. Las acciones se ejecutarían con el presupuesto institucional asignado al Ministerio Público y no implicarían nuevas plazas laborales ni estructuras administrativas adicionales.

La Junta Nacional de Justicia sería la encargada de nombrar a los siete integrantes de la Junta Transitoria, mediante concurso público. Estos asumirían las funciones de la actual Junta de Fiscales Supremos y elegirían a un fiscal de la Nación de manera provisional, además de poder proponer sanciones preventivas contra fiscales implicados en hechos graves.

Otro encargo clave de este grupo transitorio sería elaborar un proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y de la Carrera Fiscal. Ambas propuestas serían presentadas al Congreso, que tendría un plazo de 60 días para aprobarlas o realizar cambios. Si no se aprueban en ese plazo, quedarían automáticamente vigentes las versiones enviadas por la Junta.

La iniciativa, de ser aprobada, implicaría una de las reformas más drásticas en la estructura del Ministerio Público desde la promulgación de la Constitución de 1993. El debate en el Congreso definirá si se avanza con esta propuesta en medio de las tensiones por los recientes conflictos internos en la institución.