El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, informó que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que eleva el sueldo mensual de la presidenta Dina Boluarte de 16,000 a 35,568 soles. La decisión se sustentó en un análisis técnico elaborado por SERVIR, que comparó los ingresos presidenciales de doce países latinoamericanos y los sueldos más altos del aparato estatal en el Perú.

El titular del MEF indicó que la medida busca corregir una distorsión generada en gobiernos anteriores y establecer un criterio estable para futuros presidentes. Según explicó, el expresidente Alan García había reducido las remuneraciones públicas, y fue recién en 2015 que se ajustaron los sueldos de ministros y viceministros. “Ahora se corrige el ingreso del jefe de Estado, de cara a la siguiente administración”, señaló Pérez Reyes.

El decreto será publicado en el diario oficial El Peruano y entrará en vigencia al día siguiente. Sin embargo, el anuncio ha generado una ola de cuestionamientos, ya que el nuevo salario presidencial representa casi 35 veces el salario mínimo y se da en un contexto en el que Boluarte enfrenta apenas un 3 % de aprobación, según una encuesta de Datum. Esto ocurre además a pocas semanas de que el primer ministro Eduardo Arana negara que este tema estuviera en agenda.

Arana, no obstante, respaldó ahora el aumento, argumentando que la retribución debe corresponder al nivel de responsabilidad del cargo. “No se trata de una persona, sino de la Presidencia de la República. Solo un juez supremo gana más. No debe hacerse escarnio de esto”, afirmó. Pidió que el debate se enfoque en la institucionalidad y no en aspectos personales o políticos.

La medida ha sido cuestionada por diversas voces, como la del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien expresó que el aumento resulta inoportuno. “No creo que estemos en un escenario adecuado ni siquiera para mencionarlo. Hay prioridades urgentes como la seguridad y la protección de los niños”, declaró. Gutiérrez instó a las autoridades a mostrar mayor empatía y prudencia frente al malestar ciudadano.