Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, solicitó a un tribunal que se anule la orden que la obliga a pedir autorización judicial cada vez que quiera ausentarse de su domicilio.

Esta regla le fue impuesta cuando se varió su arresto domiciliario por reglas de conducta en el marco del proceso que se le sigue por presuntos aportes ilícitos de empresa Odebrecht y OAS.

La exalcaldesa no puede ausentarse de su domicilio sin orden judicial. Mientras que el Poder Judicial debe analizar impedimento de salida del país en su contra por 36 meses por el Caso del No a la Revocatoria.

Asimismo, recae sobre ella prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos y peritos, no brindar declaraciones a los medios de comunicación, entre otras.

Según la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, Villarán habría concertado con directivos de la empresa OAS y Lamsac para favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en el año 2012.