El Population Research Institute presentó un nuevo informe que denuncia el uso de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la promoción del aborto a través de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y sus organizaciones afiliadas en Iberoamérica, África y Europa.

El documento, titulado Informe FIGO: Financiación de USAID y Promoción del Aborto en Iberoamérica, África y Europa, fue elaborado por las oficinas regionales del instituto para Iberoamérica y Europa.

Según el informe, FIGO y sus socios impulsan la legalización y el acceso al aborto como parte de una estrategia global basada en los denominados “derechos reproductivos”, que considera el aborto un derecho humano fundamental. El PRI sostiene que estas acciones se llevan a cabo mediante proyectos multinacionales, campañas de presión política, difusión de protocolos para el uso de medicamentos abortivos, así como prácticas como la telemedicina y el aborto autogestionado.

El informe también documenta cómo estas iniciativas han influido en debates legislativos en países como Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y México, a través de sociedades nacionales de ginecología afiliadas a FIGO que replican sus estrategias y lineamientos. Además, se señala la colaboración con organizaciones como la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) e Ipas.

El PRI enfatiza que estas actividades contradicen principios establecidos en la Política de Ciudad de México, vigente durante la Administración Trump, que prohíbe el uso de fondos federales para financiar organizaciones que promuevan o realicen abortos. Por ello, el informe busca generar conciencia sobre el alcance de esta red internacional y sus fuentes de financiamiento, con el fin de evitar que continúen recibiendo recursos del contribuyente estadounidense.

El documento concluye con una revisión de la estructura interna de FIGO, identificando a sus líderes y una extensa lista de aliados, en lo que el PRI describe como un esfuerzo por aumentar la transparencia y frenar el respaldo económico a estas iniciativas.