Los abogados de la Procuraduría General del Estado plantearon que el recluso expresidente Pedro Castillo pague una reparación civil de 67 millones de soles por el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

Respecto al daño patrimonial, la reparación asciende a 17 millones 711 mil 48 soles.

En la justificación se mencionaron las movilizaciones y el gasto del Estado, que ha sido delimitado como consecuencia de un análisis técnico, hecho con información remitida por diversas entidades, entre ellas, el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa.

Se mencionó que se trata de un hecho premeditado y coordinado con lo que se estaría frente a una conducta dolosa, preparada y, términos de responsabilidad civil, estaríamos frente a factor de atribución a título de dolo.

La conducta de Castillo habría generado un daño al Estado peruano, que es el último elemento de la responsabilidad civil.

Este monto es eventual y tiene el carácter de postulatorio porque se encuentran en la etapa de investigación preparatoria y la suma definitiva corresponde a otra etapa procesal.