La Procuraduría General del Estado (PGE) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra Alejandro Soto, presidente del Congreso, acusándolo de presunto delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.

Esto surge tras una investigación periodística que reveló que empleados de su despacho utilizaron cuentas falsas en Facebook para responder críticas y mejorar la imagen del político. Además, se descubrieron chats de WhatsApp que sugieren que estos empleados financiaban con "aportes voluntarios" el pago de publicidad en redes sociales a favor de Soto.

Este nuevo desarrollo complica la situación ya problemática del presidente del Congreso. Expertos legales señalan que, además de la concusión, podrían configurarse cargos de peculado debido a la utilización de empleados para fines ajenos a su función pública. La concusión conlleva una pena de prisión de 3 a 10 años.

A pesar de las acusaciones y del creciente llamado a su renuncia, Soto ha rechazado ceder su posición, responsabilizando a la prensa por su situación. En una entrevista, afirmó que los periodistas no influyen en las decisiones del Congreso y minimizó los cuestionamientos en su contra. A pesar de su postura desafiante, la denuncia de la PGE ha aumentado la presión sobre su cargo.

En medio de estas circunstancias, se ha mencionado la posibilidad de presentar una moción de censura contra Soto.