El grupo empresarial peruano Grupo Gloria reconoció haber pagado 200.000 euros al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por servicios de asesoría e intermediación relacionados con una indemnización que el Estado boliviano mantiene pendiente con su filial Sociedad Boliviana de Cemento. No obstante, la compañía negó que dicha contratación tuviera como objetivo interferir en procesos judiciales en Bolivia.

En una comunicación remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores, el conglomerado explicó que la participación de Rodríguez Zapatero se limitó a promover un acuerdo entre representantes del Grupo Gloria y autoridades bolivianas para concretar el pago correspondiente por la expropiación de la participación accionaria que Soboce tenía en la Fábrica Nacional de Cemento. Sin embargo, indicó que ese intento no prosperó y que la deuda continúa pendiente luego de 16 años.

La empresa también rechazó las versiones que apuntan a una supuesta injerencia en la administración de justicia boliviana. En una carta de Soboce dirigida al ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, sostuvo que ninguna gestión institucional tuvo como finalidad presionar o alterar el desarrollo de los procesos judiciales en ese país y afirmó que las acciones de negociación y los litigios han seguido caminos independientes.

En ese documento, Soboce recordó además que, mientras reclamaba el pago de la indemnización por la expropiación, fue demandada por competencia desleal y posteriormente condenada al pago de 744 millones de bolivianos. Según la empresa, esta situación estaría vinculada al conflicto por la compensación pendiente, aunque reiteró que durante todos estos años ha buscado alcanzar un acuerdo extrajudicial dentro de los cauces legales.

El pronunciamiento de Grupo Gloria se conoció luego de que trascendieran investigaciones en España que involucran a Rodríguez Zapatero. De acuerdo con las pesquisas de la Policía española, existirían indicios de que los pagos efectuados entre 2024 y 2025 habrían correspondido a servicios de asesoría presuntamente no prestados y que habrían tenido como finalidad favorecer los intereses del conglomerado peruano ante altas autoridades de Bolivia. Frente a ello, la empresa reiteró que la contratación respondió exclusivamente a labores de intermediación para buscar una solución al conflicto por la indemnización.