En el marco del juicio oral contra la exalcaldesa Susana Villarán, la Procuraduría Pública ha puesto bajo la lupa a varios de sus coinvestigados que, según se expuso en audiencia, recibieron cuantiosas herencias luego de que las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, junto con la peruana Graña y Montero, financiaran la campaña por el No a la revocatoria en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Durante una sesión ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional se debatió uno de estos casos, en el que la defensa del Estado ha solicitado incluso la nulidad de la inscripción registral ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). El Ministerio Público y la Procuraduría analizan si determinadas transferencias patrimoniales podrían estar vinculadas a un presunto intento de encubrir fondos ilícitos.

Uno de los casos expuestos fue el de María Lévano Castro, quien ocupó altos cargos en el municipio limeño durante la gestión de Villarán. Según se detalló en audiencia, el 7 de febrero de 2019 su hermana Cecilia le transfirió un terreno ubicado en Cieneguilla, inmueble que originalmente había sido adquirido por su padre.

Lévano sostuvo ante el tribunal que se trató de un “anticipo de legítima”, es decir, una figura legal mediante la cual se adelanta parte de la herencia en vida. Afirmó además que la transferencia se realizó antes de que su hermana tuviera alguna implicancia en la investigación fiscal y que la operación se efectuó de buena fe.

Sin embargo, la Procuraduría ha solicitado la nulidad de la transferencia de compraventa del predio, al considerar que existen elementos que ameritan un mayor escrutinio sobre el origen y la finalidad de esos movimientos patrimoniales. El análisis forma parte de la estrategia del Estado para recuperar activos en el proceso por presuntos aportes ilícitos a la campaña municipal.

Antes de su desactivación, el Equipo Especial Lava Jato manejaba la hipótesis de que exregidores y exfuncionarios vinculados a la gestión de Villarán habrían utilizado la figura de herencias para dar apariencia legal a dinero presuntamente proveniente de las constructoras brasileñas. En las próximas semanas, según se adelantó en audiencia, podrían conocerse nuevos nombres comprendidos en esta línea de investigación.