En el marco de las investigaciones en el caso "Los operadores de la reconstrucción", el Ministerio Público (MP) realizó un allanamiento en la vivienda y la oficina del congresista Guillermo Bermejo el pasado jueves 21.

Bermejo, legislador de Cambio Democrático-Juntos por el Perú (CD-JPP), enfrenta acusaciones de tráfico de influencias, pero hasta el momento no ha sido objeto de una denuncia constitucional en relación con este caso.

Según el artículo 89 del reglamento del Congreso, tanto los congresistas como la fiscal de la Nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada pueden presentar una denuncia constitucional contra Bermejo.

Este proceso implica varias etapas, que incluyen la revisión por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y la Comisión Permanente. Finalmente, la Comisión Permanente debe enviar un informe al pleno del Congreso, que tiene la autoridad para aprobar una acusación constitucional.

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi sostiene que la fiscal de la Nación debería presentar una denuncia constitucional lo antes posible, ya que considera que existen sólidos elementos de convicción para respaldarla.

El penalista Andy Carrión también comparte esta opinión, señalando que, basándose en las declaraciones de los aspirantes a colaboradores y la evidencia recopilada durante la investigación, se podría presentar una acusación ante el Congreso para permitir que la Fiscalía inicie una investigación preparatoria.

Hasta ahora, el MP cuenta con las declaraciones de dos aspirantes a colaboradores eficaces en este caso y ha logrado obtener una orden de prisión preventiva de 20 meses contra Jaime Jara, un excolaborador de Bermejo.