El juez John Pillaca Valdez aprobó el acuerdo de colaboración eficaz del empresario peruano José Graña Miró Quesada con los organismos de justicia peruanos.

De esta manera, Graña deberá pagar una reparación civil de alrededor de 40 millones de soles al Estado peruano en un plazo máximo de sesenta días después de emitida la sentencia; se trata de la cifra más alta cobrada a una persona natural en el Perú por delitos de corrupción.

Este dinero es adicional a los 500 millones de soles que debe pagar la empresa Aenza (ex Graña y Montero) como parte de otro acuerdo de colaboración eficaz.

José Graña reconoció delitos de corrupción y brindará información sobre los ilícitos ocurridos con participación de la constructora Odebrecht en los proyectos de la Línea 1 del Metro de Lima, el Gasoducto Sur Peruano, la Vía Expresa Sur, entre otros.

El convenio suscrito entre el empresario y el equipo especial del Ministerio Público tiene una gran relevancia en materia penal según la procuradora Silvana Carrión.