El abogado penalista James Rodríguez ha emitido un fuerte cuestionamiento contra el reciente proyecto de ley que propone el encarcelamiento automático para aquellas personas que participen en protestas portando el rostro cubierto o utilizando una mascarilla.

Rodríguez advirtió que, tanto desde la perspectiva penal como constitucional, esta medida resulta "muy debatible y contraproducente" debido a que vulnera derechos fundamentales como la libre expresión, la privacidad y el derecho a la protesta pacífica.

El especialista explicó que la propuesta legislativa comete el error de enfocarse en una mera apariencia en lugar de analizar la conducta delictiva. "La idea no es castigar más sino mejor", sentenció Rodríguez, sugiriendo que la actual redacción del proyecto no es la vía adecuada. En su lugar, el penalista propone que la ley debería enfocar la acción de cubrirse el rostro como un agravante para aquellos manifestantes que, además de ocultar su identidad, cometan actos delictivos durante la protesta.

Rodríguez sostiene que si una persona acude a una manifestación con el rostro cubierto y comete un delito, la cubierta facial indicaría la "intención de no ser identificado" precisamente para cometer actos ilícitos. Esta figura de agravante sería más efectiva y constitucionalmente sólida. Actualmente, las penas por atentar contra la propiedad pública durante manifestaciones oscilan entre los tres y seis años de prisión, un marco legal que, según el abogado, podría ajustarse mediante el uso de agravantes específicos.

El abogado también hizo hincapié en el profundo prejuicio social que ya existe en el país hacia la participación en manifestaciones públicas. Señaló que la ciudadanía enfrenta temores fundados, incluyendo prejuicios de tipo político, familiar y, muy particularmente, el riesgo laboral. El temor a ser identificado en una protesta y, consecuentemente, ser retirado del puesto de trabajo, es una realidad que desalienta la libre expresión.

En este contexto de estigmatización preexistente, Rodríguez concluyó que una ley que criminalice la simple acción de cubrirse el rostro —incluso por la necesidad de preservar el anonimato laboral o familiar— intensificaría la vulneración de los derechos civiles. Por ello, instó a los legisladores a revisar el proyecto con una óptica que priorice la identificación y sanción de la conducta delictiva real, en lugar de penalizar una apariencia.