Por Sergio Bolívar, publicado en Expreso

El Congreso demostró públicamente su incapacidad para generar consensos sobre la reforma constitucional al quedarse por un voto en el proyecto de la bicameralidad. Siguiendo sus instintos autodestructivos, algunos congresistas moldearon la mueca de frustración al perder la oportunidad de un Parlamento distinto al actual. El autogol quedó impregnado, a pesar de que el resultado puede dar un giro la próxima semana cuando voten la reconsideración.

Bajo estas circunstancias, los congresistas necesitan meditar previamente sobre su propia estrategia: ¿Cómo se debe comenzar la reforma? Por sentido común, con las reformas más fáciles de alcanzar consenso y dejar las más debatibles al último. Sin embargo, eso no ocurrió. La aprobación de la población hacia el Congreso se ha estancado en un 10%, lo que indica alto rechazo para liderar cambios, especialmente las reformas positivas aún pendientes que van más allá de solo lo constitucional.

Un ejemplo claro sería contar con nuevas leyes, como una Ley de Contratación del Estado distinta, que realmente permita el uso más eficiente de los recursos públicos y promueva la competitividad en beneficio de la calidad de vida. Sin embargo, es imprescindible un líder. Lo mismo aplica a las reformas constitucionales, como restablecer la reelección de congresistas para aprovechar la experiencia de exparlamentarios en la toma de decisiones. Nuevamente, ¿cómo empezar? Primero, se necesita prudencia para construir consensos que nos permitan tener claro el rumbo correcto. Esto vuelve relevante considerar el riesgo de someter a cualquier reforma a un linchamiento mediático, similar a una guillotina medieval, que busca castigar a aquellos que han cometido errores.

Muchos en el gobierno serían conscientes de que si asoman la cabeza, la guillotina de la crítica pública podría decapitarlos. Por eso, optarían por tener un perfil bajo en lugar de mostrar sus propios resultados. Esto se refleja en un tímido consenso en favor de la simplificación administrativa y la mejora regulatoria. Con discreción, el gobierno viene implementando los 27 decretos legislativos, aprobados con las facultades delegadas por el Congreso, para abordar los problemas públicos de manera ágil y efectiva. Aunque pocos lo saben, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha anulado normas aplicables a su sector, mientras que los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Agricultura han simplificado los trámites de los proyectos mineros, reduciendo el tiempo de ejecución de 18 meses a 90 días.

Además, se están haciendo otras medidas desapercibidas para derogar decretos, resoluciones ministeriales y normas obsoletas, a fin de aligerar la carga normativa y facilitar su implementación. En aparente consenso, el Congreso ha respaldado el miércoles la simplificación en todo el Estado con la Ley Nº 31772, que establece un nuevo procedimiento las normas derogadas o modificadas tácitamente, respetando así un ordenamiento adecuado.

Lo que no se comunica no existe, por lo tanto es necesario dar a conocer los avances logrados. Es evidente que el gobierno está ejercitando sus habilidades de liderazgo a través de la simplificación. Por ello, debe asumir la tarea de liderar el consenso y la colaboración entre los diversos actores involucrados, con el respaldo del Congreso y el Poder Judicial, para asegurar las reformas legales y constitucionales. Además, como parte del Estado y según la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Una de las primeras responsabilidades del Poder Ejecutivo en su liderazgo sería presentar propuestas claras y concretas para fomentar el diálogo y la participación ciudadana en las áreas que requieren reformas. En el Congreso, se podría lograr un consenso para aprobar cuatro importantes reformas constitucionales. Para lograr este objetivo, el Poder Ejecutivo cuenta con el apoyo de la Comisión Consultiva, conformada por expertos capaces de proporcionar argumentos sólidos a favor de las reformas prioritarias en el Congreso.