La Municipalidad Provincial de Trujillo anunció que en un plazo máximo de 20 días quedará anulado el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) del Real Plaza, descartando cualquier posibilidad de reapertura inmediata del centro comercial. La decisión se produce más de seis meses después del colapso del techo del patio de comidas, ocurrido el 21 de febrero, que dejó seis fallecidos y más de 80 heridos.

Richard Asmat, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil de la comuna, informó que tras una inspección realizada con el expediente incautado por la Fiscalía se determinó que las condiciones de seguridad del establecimiento habían cambiado de manera radical. Con base en esta verificación se abrió un proceso administrativo que busca dejar sin efecto la autorización vigente.

La municipalidad otorgó al centro comercial un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos, pero advirtió que la resolución final será elevada a la Gerencia Municipal y a la Alcaldía en un lapso de 15 a 20 días. Además, se descartó la posibilidad de habilitar temporalmente las instalaciones para ferias u otras actividades comerciales solicitadas por vecinos. “El establecimiento presenta observaciones relacionadas con la infraestructura y debe cumplir con nuevos estándares de seguridad antes de volver a recibir público”, señaló Asmat.

En un comunicado, Real Plaza reconoció que la revocatoria del ITSE se ajusta a lo previsto en la normativa y adelantó que iniciará las gestiones para obtener un nuevo certificado, requisito indispensable para evaluar una reapertura futura. La empresa remarcó que este trámite es independiente de las investigaciones fiscales y reafirmó su disposición a colaborar con el Ministerio Público en el proceso en curso.

El escenario se complica aún más para la cadena de malls de Intercorp, que en agosto fue sancionada por Indecopi con una multa de 100 UIT (equivalente a S/ 535,000) por incumplir medidas cautelares relacionadas con el siniestro. Entre estas disposiciones figuraban el cierre inmediato del local, la cobertura de gastos médicos y funerarios de las víctimas, así como la presentación de un informe estructural avalado por el Colegio de Ingenieros, medidas que el organismo consideró que no fueron atendidas en los plazos establecidos.