Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, señaló que no tiene planeado huir del país, sin embargo la Fiscalía insiste en que debe recibir una prisión preventiva de 18 meses por su participación en el golpe de estado del pasado 7 de diciembre.

Y es que se habría intentado sorprender al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria con hechos falsos e inciertos.

La expremier había declarado ser propietaria de un inmueble en Tacna, pero resulta que esta propiedad fue vendida. Así, la investigada no tendría arraigo domiciliario por lo que constituye un indicio de fuga que ella misma se esté deshaciendo de su patrimonio.

La fiscal también desbarató el arraigo laboral que intentó acreditar la expremier, al señalar que el contrato que la investigada presentó fue rescindido un mes después de haberse elaborado.

También se refutó la versión de Chávez sobre su supuesto contrato firmado con la empresa Logimart Perú ya que en el domicilio señalado se encuentra una estación de grifo.

Tampoco parece ser cierto que los padres de Chávez dependan económicamente de ella, pues se constató que reciben una pensión como jubilados y tienen ingresos independientes.