La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) respondió con firmeza a la propuesta de Rutas de Lima (RDL) de realizar una supuesta transferencia ordenada de la concesión de peajes, afirmando que no existe ningún marco legal que permita tal entrega mientras el contrato continúe vigente. La comuna recordó que es la misma concesionaria la que mantiene activa la concesión al haber solicitado una medida cautelar en un arbitraje internacional, lo que impide cualquier tipo de renuncia o abandono formal de sus obligaciones.

El pronunciamiento se produjo luego de que RDL asegurara que la suspensión del cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra —vigente desde el 5 de noviembre— ha reducido casi en su totalidad sus ingresos, llegando incluso a advertir que podría detener operaciones si la medida no se revierte en el plazo previsto. La empresa señaló además que estaría dispuesta a entregar pacíficamente la administración de las vías para resguardar la seguridad de los usuarios ante un posible colapso operativo.

La Municipalidad calificó la postura de la concesionaria como un acto de mala fe, recordando que RDL obtuvo más de US$ 1,000 millones en ingresos por peajes en más de doce años de operación y que ahora sostiene no contar con reservas financieras suficientes para asumir los riesgos que le corresponden según contrato. Para la MML, resulta inaceptable que la empresa pretenda trasladar a la ciudad los efectos de su propia gestión financiera.

Asimismo, la comuna sostuvo que es responsabilidad exclusiva de RDL y de sus accionistas inyectar el capital necesario para cumplir con todas sus obligaciones, tanto frente a la Municipalidad como frente a usuarios, proveedores, trabajadores y terceros. La autoridad edil advirtió que emprenderá acciones legales si la concesionaria intenta evadir o poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato.

La Municipalidad añadió que, ante un eventual abandono de operaciones por parte de la empresa, intervendrá de inmediato para asegurar la continuidad del servicio en beneficio de la ciudadanía, advirtiendo que tal abandono constituiría un incumplimiento contractual y una violación de mandatos judiciales. En esa línea, anunció que solicitará a la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial iniciar las acciones legales correspondientes.