Por Ántero Flores-Aráoz, publicado en La Razón

 

Han pasado cinco años desde que Martin Vizcarra fuese vacado de la Presidencia de la República, cargo que asumió constitucionalmente Manuel Merino como titular del Congreso de la República, por mandato de la ley de leyes.  El presidente Merino y su gabinete ministerial, presidido por el actor de esta nota, se vieron precisados a renunciar como consecuencia de las marchas del 12 y 14 de noviembre del 2020, especialmente por la violencia de esta última y en el ánimo de que cesaran los enfrentamientos y no hubiese más fallecidos y lesionados.

En el ánimo de esclarecer lo sucedido para evitar más infundios, se ha preparado la siguiente nota, sin antes agradecer la generosidad del medio periodístico que la acoge.

 

Son harto conocidas las razones por las cuales el Congreso de aquel entonces, dispuso la vacancia en la Presidencia de la República de Martín Vizcarra, mediante la Resolución Legislativa N° 001-2020-2021-CR del 9 de noviembre de 2020, recordando que el vacado había reemplazado al presidente Pedro Pablo Kuczynski después de la renuncia de aquel.

Ya juramentado en el cargo de nuevo presidente, Manuel Merino, acompañado del entonces parlamentario Otto Guibovich, concurrió  a mi domicilio demandándome mi colaboración para presidir el Consejo de Ministros y armar el gabinete ministerial, lo que acepté por ser momentos difíciles y los llamados a trabajar por el país no se rehúsan, además de tener claro lo que se debería hacer ya que había sido parlamentario por 16 años, ministro de Estado y haber presentado plan de gobierno escasos años atrás en la campaña electoral del 2016. También tenía por ello visualizadas a diversas personas que podrían ser excelentes ministros, aunque no todos los nombrados habían sido propuestos por mi.

 

Teóricamente el gobierno de Manuel Merino sería de solo 8 meses, pues debía entregar el cargo a su sucesor el 28 de julio de 2021, por lo cual en esos cortos meses se debería atender urgencias como frenar adecuadamente la pandemia del Covid 19 y la vacunación. También reactivar la economía muy dañada durante la pandemia. Asimismo, reactivar obras públicas paralizadas, al igual que destrabar tanta tramitología innecesaria y enfrentar la intranquilidad social, al mismo tiempo que garantizar la buena conducción de las elecciones generales.

 

Después de juramentar como presidente del Consejo de Ministros el 11 de noviembre del fatídico 2020, ese mismo día había que armar el gabinete ministerial, y antes de convocar a los escogidos, había que testearlos para evitar otros Martin Vizcarra. El gabinete escogido, con personas experimentadas y conocedoras de las materias de su cartera, juramentaron el 12 de noviembre y de inmediato se instaló el Consejo de Ministros, en donde se acordó confirmar la convocatoria a elecciones generales, lo que se hizo mediante el D.S. N° 179-2020-PCM.

 

El 14 de noviembre del mismo año, se aprobó el plan de flexibilización del confinamiento social por la pandemia, encomendado al ministro de salud Dr. Abel Salinas, emitiéndose de inmediato el D.S. N! 180-2020-PCM. Al igual había que enfrentar el tema de las vacunas.

 

A la par con todo lo señalado, se logró con la Canciller Franca Deza, hacer posible la presencia peruana, a través de su presidente, en la nueva ronda de APEC y con rapidez se sustituyó a nuestro representante en la OEA con nuestro excelente embajador ante los Estados Unidos de América, con retención de tal cargo, Hugo de Zela. También la canciller gestionó y obtuvo el reconocimiento al nuevo gobierno peruano, por diversos otros países.

 

Con la finalidad de apresurar la ayuda social, el 14 de noviembre de tal año, en horas de la mañana, n os reunimos en mi domicilio con el presidente Merino y los ministros de economía y de inclusión social.

 

Para aliviar la economía de miles y miles de hogares afectados por la pandemia, se promulgó la Ley 31068, para un retiro extraordinario de aportes a los fondos privados de pensiones, dejándose en claro que no era un retiro inmotivado.

 

Pese a habernos encontrado en Estado de Emergencia decretado por el anterior presidente Martin Vizcarra, los días 12 y 14 de noviembre del 2020,  se produjeron multitudinarias manifestaciones, en que indiscutiblemente asistieron muchas personas de buena fe, pero también infiltrados violentistas que querían el caos e hicieron lo posible e imposible, por el desborde de tales manifestaciones con el resultado de heridos policiales y de manifestantes, y perdieron la vida dos jóvenes llamados Inti y Bryan.

 

Se acusó a la Policía de haberlos ultimado, pero después se probó la falsedad de ello, pues los proyectiles utilizados no eran del uso de nuestra Policía, que tiene el deber constitucional de repeler la violencia de los antisociales. En adición, por ubicación de manifestantes y policías, la imputación a estos últimos era sin fundamento.

 

Muchos jóvenes asistentes a las “protestas” no sabían de que se protestaba, siendo sociológicamente muy probable que concurriesen a las manifestaciones, porque se les había abierto una ventana para salir del confinamiento domiciliario. Transgredieron si las normas de la declaratoria de emergencia, al igual que las normas sanitarias al no respetar distancias entre las personas y dejar de lado las mascarillas.

 

En las protestas también hubo miles de personas mayores, pudiéndose ubicar entre ellas al inolvidable Julio Guzmán, aunque esta vez sin escape de incendio.

 

Se dice haber visto en las marchas a Francisco Sagasti, hecho no corroborado. Si, nos referimos a la misma persona que igualó a los prontuariados Inti y Bryan con nuestros máximos héroes Bolognesi, Grau, Quiñones y Ugarte. Al mismo que descabezó a la Policía Nacional.

 

Se pudieron observar en las protestas a instigadores y azuzadores, incluso portando armas de fuego, algunas de ellas hechizas y, tiraban piedras, bombardas, avellanas y fuegos artificiales entre otros objetos no permitidos, que alcanzaban a la Policía, muchos resultaron heridos y fueron inutilizados patrulleros y porta tropas al igual que motocicletas de uso policial.

 

Increíblemente los principales ejecutivos de dos de las principales instituciones bancarias, emitieron comunicados respaldando las protestas, al igual que insólitamente lo hicieran Asbanc y el gremio de gremios.

 

Recordemos también que la salida de Martin Vizcarra de palacio de gobierno fue con gran tranquilidad y mejor sonrisa, lo que podría llevar a pensar que era uno de los instigadores escondidos de las marchas.

 

Hubo también plantones en domicilio de miembros del gobierno de Manuel Merino, pero lo más grave el comportamiento sesgado de cierta prensa responsabilizando indebidamente a la Policía por la violencia. Repetían las 24 horas del día imágenes y sonidos de las protestas y de los enfrentamientos entre manifestantes y policías, con lo cual indirectamente inducían a seguir con las protestas en lugar de llamar al orden y serenidad.

 

Hubo acusaciones de que se violaban Derechos Humanos por la Policía.  Felizmente había concurrido antes a entrevistarme con ella en la Prefectura y en que públicamente solicité el respeto a dichos derechos, que también como derechos alcanzan a los policías.

 

Se denunció por los medios desaparición de personas en las marchas. Gracias a la investigación y comunicado de la Defensoría del Pueblo se acreditó la falsedad de la imputación, lo que también fue probado con las visitas que hacían abogados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la doctora Delia Muñoz, a las diversas Comisarías.

 

Cuando asumimos responsabilidades gubernamentales, ningún ministro que provenían del gabinete ministerial de Vizcarra, nos hizo entrega de cargo, lo que si cumplimos los integrantes del Gabinete Ministerial Flores-Araoz, del presidente Merino, con los del Gabinete Ministerial del presidente Sagasti, presidido por la seria doctora Violeta Bermúdez.

 

Recordamos también que al concurrir cada miembro del Consejo de Ministros de Manuel Merino a sus despachos, no encontramos ni al portero, no estaban los funcionarios, no había siquiera telefonista que atendiese las llamadas. Evidentemente ello no fue casual, sino resultado de instrucciones que se habían recibido del vacado gobierno de Vizcarra.

 

La renuncia del presidente Merino y de sus ministros, fue para evitar más actos de violencia y creciese el número de fallecidos y heridos en las protestas.  A ello hay que agregar la traición de los miembros de la bancada parlamentaria que integró Manuel Merino, a excepción del comportamiento ejemplar del congresista Burga.

 

Esa bancada y muchos otros parlamentarios de aquel Congreso, que habían vacado a Vizcarra con la histórica votación de 105 votos, la misma que elevó a la Presidencia de la República a Manuel Merino, le quitó el apoyo a este último, incluso determinando que a su Gabinete Ministerial no le daría el voto de confianza. Tampoco hicieron absolutamente nada para impedir el acceso de Francisco Sagasti a la Presidencia de la República, pese a solo representar a una minoría en ése entonces.

 

Los que dejaron sin piso a Manuel Merino eran los mismos que interrumpían a los ministros con sus visitas en palacio de gobierno, en busca de cargos para familiares y allegados y probablemente otros favores que no fueron ni podían ser atendidos.

 

Hay que recordar que algunos ministros habían adelantado sus renuncias el 14 en la noche, ante medios de expresión, por lo que en la práctica las renuncias del día 15, eran para llenar las formas pues ya no estaba completo el Consejo de Ministros.

 

Es bueno recordar que, ante los hechos del mes de noviembre del 2020, llegaron algunas misiones de organismos internacionales de Derechos Humanos, por supuesto con sesgo izquierdoso, que ni siquiera convocaron  a los miembros del Gabinete del presidente Merino para tomarles su dicho.  Esto debe ser un motivo más en los cuestionamientos generalizados al Sistemas Interamericano de Derechos Humanos integrado por Comisión y Corte del mismo nombre.

 

La Fiscal de la Nación de aquel entonces, señora Zoraida Ávalos, inició investigación fiscal al  e ex presidente Manuel Merino, al Jefe de Gabinete Antero Flores-Araoz y al titular de la cartera del interior Gastón Rodríguez, por la muerte de los jóvenes Inti y Bryan en las manifestaciones de noviembre 2020. Como no encontraron en el Ministerio Público, ninguna evidencia de nuestra participación en tales asuntos nos acusaron ante el Congreso por omisión, al no haber garantizado la vida y la seguridad de los manifestantes. Lo cierto es que no teníamos ninguna obligación de ésa garantía y el Congreso de la República rechazó en el antejuicio la denuncia de la fiscal, vinculada por cierto con el presidente Vizcarra. Nos tuvieron año y ocho meses sometidos a tal calvario, que felizmente concluyó.

 

Con el correr de los meses y años, la ciudadanía se ha ido dando cuenta que fue manipulada para las marchas de protesta y hoy expresan su solidaridad con los que responsablemente asumimos obligaciones gubernamentales en tiempos difíciles y complicados, tal como lo vienen haciendo hoy José Jerí y sus colaboradores.