El Tercer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, perteneciente al Ministerio Público, ha obtenido la aprobación de un acuerdo de colaboración eficaz corporativo con la empresa Aenza S.A.A., anteriormente conocida como Graña y Montero, así como con sus subsidiarias Cumbra Perú S.A. y Concar S.A.C, ahora denominada UNNA Transportes SAC.

Este acuerdo implica la asunción de responsabilidad penal de estas empresas en diversos casos vinculados al escándalo Lava Jato.

Las situaciones en las que se declara la responsabilidad penal de estas compañías abarcan varios casos importantes, incluyendo Club de la Construcción, Redes Viales 1 y 3-Integrando el Cusco, IIRSA Sur (tramos 2 y 3), Gaseoducto Sur Peruano, Metro de Lima (Línea 1, tramos 2 y 3), la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán e IIRSA Norte.

Como parte de la reparación civil, estas empresas deberán pagar un total de S/ 333,326,423.60 y $40,724,531.00 como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados al Estado peruano.

El proceso de recuperación de fondos por parte del Estado ya ha tenido avances anteriores, incluyendo un pago inicial de S/ 39.6 millones realizado por José Graña, exdirectivo de Graña y Montero, que se suma a los S/ 300,000 que abonó inicialmente como caución judicial en 2021.