El Gobierno promulgó un decreto legislativo que establece penas de hasta 30 años de cárcel por el robo de teléfonos celulares, con el objetivo de combatir el delito desde quienes lo cometen hasta quienes comercializan los dispositivos, informó el ministro del Interior, Vicente Romero.

"Estamos atacando toda la cadena completa: el que roba, el que compra y el que comercializa. Esta medida va a ser efectiva y segura. Muchos hablan de que probablemente sea una exageración. Por supuesto que la oferta y la demanda de robo de celulares, estoy seguro, va a decrecer", declaró Romero.

El decreto, que detalla modificaciones en el Código Penal, se publicó en el diario oficial El Peruano el 18 de octubre y fue promulgado bajo facultades legislativas otorgadas por el Congreso para abordar la seguridad ciudadana.

La normativa establece que el robo de "equipos terminales móviles, teléfonos celulares, equipos o aparatos de telecomunicaciones, redes o sistemas de telecomunicaciones u otros bienes de naturaleza similar" conllevará una pena de prisión de 12 a 20 años. Si se comete el robo con explosivos, vehículos, lesiones a la víctima o dejando a la víctima o su familia en grave situación económica, o si se abusa de la incapacidad física o mental de la víctima o se emplean drogas o insumos químicos, la pena será de 20 a 30 años.

La normativa también sanciona la adquisición, venta y compra de estos objetos una vez que han sido robados, con penas de hasta 12 años de cárcel. Romero subrayó: "Es una clara advertencia para todos aquellos que roban celulares, compran celulares e incluso adulteran los aparatos. También serán sancionados, y la receptación de igual manera. Entonces, ¿quién querría ir a la cárcel?".