El presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), enfrenta una investigación fiscal que se complica con cada nueva denuncia en su contra.

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar por el presunto delito de concusión, que involucra a Soto y a Phenélope Jhoana Contreras Cabezas, quien recolectó donaciones "voluntarias" de S/50 de los trabajadores del despacho parlamentario para cubrir gastos de publicidad en redes sociales.

El procurador general del Estado, Daniel Soria, destacó la necesidad de una investigación justa y equitativa, y señaló que la Fiscalía deberá interrogar a los trabajadores de la oficina de Soto para determinar si las contribuciones fueron realmente voluntarias o surgieron bajo presión.

El contralor Nelson Shack ha puesto en marcha una comisión para investigar la contratación de Yeshira Peralta Salas en el despacho de Soto, quien es familiar del presidente del Congreso. Shack enfatizó la importancia de esclarecer responsabilidades éticas y morales en esta situación.

El exprocurador anticorrupción José Ugaz sugiere que la Fiscalía debería citar a todas las personas involucradas en los chats presentados por los medios. Ugaz resalta que si existe una relación de empleador y empleado entre Soto y los contribuyentes, las referencias del presidente del Congreso podrían considerarse una inducción.

Liliana Calderón, abogada penalista, propone que la Fiscalía solicite levantar el secreto bancario de Contreras Cabezas para conocer el monto recaudado y su destino. Además, Calderón plantea la posibilidad de ampliar la investigación hacia el delito de peculado de uso.

En resumen, la investigación fiscal contra Alejandro Soto implica evaluar si hubo abuso de la función pública para inducir contribuciones y si los trabajadores actuaron bajo presión.