El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur ha presentado una acusación formal solicitando una condena de 10 años y cuatro meses de prisión para el expresidente Ollanta Humala Tasso.
El caso involucra la presunta comisión del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado.
La investigación fiscal se centra en la intervención del exmandatario en la compra de un costoso equipo de interceptación telefónica, valuado en $21'600 000, destinado originalmente para un proyecto de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) conocido como "Proyecto Pisco". Sin embargo, una vez realizada la compra, el equipo fue donado al Ministerio del Interior y entregado a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, y el mencionado proyecto nunca llegó a funcionar.
Estos hechos datan del año 2012, cuando la DINI tenía un presupuesto de S/20'000,000 por recursos especiales. Además de Ollanta Humala, la acusación incluye al exdirector ejecutivo de la DINI, Víctor Manuel Gómez Rodríguez, al exjefe del gabinete de asesores de la DINI, Iván Julio Kamisaki Sotomayor, y al representante de la empresa israelí Verint Systems Ltd., Shafrir Paz.
La solicitud de condena refleja el compromiso de las autoridades peruanas en combatir la corrupción y llevar ante la justicia a aquellos involucrados en prácticas ilegales que afectan al Estado.
