Fuente: EL REPORTE

Desde que sacaron del trono a Pedro Castillo por el golpe de Estado, el Congreso se convirtió en el activo principal de los escrutinios. Como una especie de venganza, esto lo inició la izquierda con su despliegue mediático: comentarios agitadores, encuestas redireccionadas y más. Este, sin embargo, no fue el techo del asedio. Ahora quieren tirar por la borda el parón contra la aspiración dictatorial del profesor chotano maximizando una presunta irregularidad: lo acusan al Legislativo de inflar el menú en el comedor parlamentario. El problema no está en ponerlos bajo la lupa, el problema está en poner esto por encima del momento: tenemos un país quebrado, a puertas de una segunda Toma de Lima, y con enemigos dentro de la casa (algunos que vienen temblando por la red de las consultorías destapadas: ahí tenemos a Anahí Durand en Mincetur o a Flor Pablo en el Minedu). El mismo presidente del Legislativo, José Williams, ya pidió a la Contraloría que investigue el tema del buffet, pero no bastó, quieren verlo caer, por eso un ex acciopopulista ya lo denunció penalmente.

El reportaje sobre el buffet se compartió el domingo 20 de febrero de este 2023 en Cuarto Poder. Pero la verdadera historia tiene otro punto de partida. En febrero del 2022, el Congreso había suscrito un contrato, denominado 014-2022-AAJ-OLCC-CR, con Polo & Sons's International Poli-Service, empresa que forma parte de una concesionaria de comedores y atención de eventos oficiales y protocolares. Hasta ese momento, el desayuno costaba S/ 4,22 y el almuerzo como también la cena: S/ 10,59. El cambio se produjo recién el 12 de diciembre del 2022. Esa fecha se firmó una adenda que permitía modificar el contrato y, en consecuencia, la provisión que iba a entregarle ahora la compañía mencionada. De esta forma se pasó de un menú clásico a uno de mayor envergadura. Los precios variaron así: el desayuno pasó a costar S/ 31,00 y el almuerzo como la cena: S/ 80,00.

Tras no darse las mejores explicaciones sobre este tema, Williams, máximo representante del Legislativo, tomó la palabra. A través de un comunicado, pidió que la Contraloría haga una supervisión de los procesos de adquisición de bienes y servicios del Parlamento. "Solicitar inmediatamente a la Contraloría General de la República, la realización de un examen especial a los procesos de contratación de bienes y servicios realizados en el último año", se lee. Asimismo, mencionó que se iban a reestructurar los procesos de adquisiciones "con el fin de aplicar medidas de control del gasto".

Los ataques vinieron por todos los frentes, sobre todo de los militantes de la izquierda política. Para algunos congresistas solo se está tratando de ocultar otras investigaciones. El parlamentario de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga sostuvo para un medio local que “es un distractivo”. “Yo lamento que los congresistas no sepan responder. Nosotros somos un ente político, la parte administrativa no la ve el congresista, por eso es que el Congreso de la República tiene sus entidades administrativas que son las que tienen que responder en este caso”, agregó. Esta misma línea la siguió el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya: “Es posible que la gente que tiene interés en eso, esté tratando de dar otro tipo de información para que se levante una cortina de humo”.

Ahora, el camino que se tomó para este caso habría agarrado contundencia. El abogado y el ex candidato congresal con Acción Popular, Javier Adrianzén, ha denunciado penalmente ante la Fiscalía a José Williams. Lo acusa por el delito de colusión en agravio del Estado. Según se lee en su documento, el presidente del Legislativo tuvo que concertar “para elevar el precio del alimento más de cinco veces en pocos meses y defraudar millones al Estado”. Y ahora ha ido más lejos. Ha pedido que se abra una investigación preliminar con Williams y que le den impedimento de salida del país. Absurdo.

"Invoco a la fiscal de la Nación, la doctora (Patricia) Benavides, que abra investigación preliminar contra José Daniel Williams Zapata y contra el ciudadano que es el que ha ganado este contrato, es decir el señor Marko Rafael Polo Castillo, gerente general de Polo & Sons's International Poli-Service, y contra los que resulten responsables", apuntó. "No solamente eso, pido a la fiscal de la Nación que pida al juez el impedimento de salida del país, para que estos señores se garantice su presencia en el Perú a lo largo de la investigación", complementó. Nuevamente, absurdo.

El cargamontón se viene intensificando. Es imposible olvidar que una de los pedidos de los radicales es sacar a Dina Boluarte del Ejecutivo y también a José Williams de la presidencia del Congreso. Quieren allanar el camino para la asunción de otro personaje errático y con aires de autócrata en el país. Quieren seguir destruyendo al país y el Congreso sigue poniendo al Perú en bandeja de plata.

Si quiere suscribirse a todo el contenido de El Reporte vía WhatsApp dele clic a este link: https://bit.ly/3DKKJfs
También puede ingresar a su cuenta de Telegram: https://t.me/elreporteperu