Un inquietante operativo policial ha desencadenado una crisis en el Poder Judicial de Nicaragua, al desalojar a la presidenta, Alba Luz Ramos, y a la magistrada Yadira Centeno González de sus despachos, al tiempo que destituye y, en algunos casos, detiene a figuras clave de esta institución estatal.

El régimen liderado por Daniel Ortega ha optado por mantener silencio oficial en lo que respecta a esta sorprendente intervención policial que se puso en marcha el 21 de octubre.

Un comunicado interno que circuló en la Corte Suprema de Justicia anunció la suspensión de actividades por dos días y mencionó al magistrado Marvin Aguilar como "presidente en funciones", quien actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de este órgano estatal.

De acuerdo con reportes provenientes de fuentes cercanas a la Corte, varias unidades policiales ingresaron a los edificios de la institución en días separados para desalojar a las magistradas Ramos y Centeno de sus oficinas, enviándolas posteriormente a sus respectivas residencias. Aunque la magistrada Centeno regresó a su oficina poco después, la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, permanece en su domicilio bajo la vigilancia constante de patrullas de la Policía.

La creciente influencia de Rosario Murillo en el control de todos los poderes del Estado se ha manifestado en la serie de purgas que se han producido desde octubre del año pasado, cuando dos influyentes funcionarios de la Corte Suprema de Justicia fueron detenidos. Estos eventos han generado preocupación sobre la independencia del poder judicial en Nicaragua y la concentración de poder en manos del régimen de Ortega.