Un alarmante panorama sobre la efectividad del sistema judicial peruano frente al crimen organizado reveló la Defensoría del Pueblo al presentar el Informe Defensorial n.° 286. El titular de la institución, Josué Gutiérrez, dio a conocer los desgarradores resultados de una minuciosa investigación que analizó un universo de 6,616 carpetas fiscales y expedientes judiciales tramitados entre los años 2019 y 2025.

Según lo expuesto por el funcionario, la efectividad para alcanzar una sentencia condenatoria firme en este delito alcanza apenas un escaso 3.54%, lo que evidencia una profunda brecha entre el inicio de las indagaciones e investigaciones y la verdadera sanción penal.

El estudio, titulado “Lavado de activos. Cuando la investigación se convierte en condena. ‘Muertos en vida’. La afrenta de un sistema que vulnera derechos fundamentales”, fue elaborado mediante una rigurosa metodología mixta que combinó herramientas estadísticas con análisis cualitativo. Con este abordaje, el órgano defensorial busca exponer las fallas estructurales y operativas tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial al abordar este delito. El objetivo central de la publicación radica en ofrecer un diagnóstico preciso que permita implementar reformas institucionales urgentemente necesarias para revertir la impunidad imperante.

Durante la presentación de las conclusiones, Gutiérrez profundizó en la evolución normativa del delito y recordó los vacíos legales del pasado, como la regulación del financiamiento de campañas electorales. El defensor detalló que antes de las modificaciones normativas de 2019, la recepción de aportes irregulares para la política no se tipificaba como lavado de dinero, sino como una falta administrativa que recaía en la fiscalización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Fue recién con las reformas legislativas de aquel año cuando el financiamiento prohibido se incorporó de forma específica en la legislación penal como una figura delictiva.

En cuanto a la utilidad práctica del documento, la Defensoría del Pueblo remarcó que el propósito no es ejercer labores de juzgamiento ni formular acusaciones concretas contra imputados, sino orientar al Estado hacia el perfeccionamiento integral de la administración de justicia. El rigor metodológico empleado permite evaluar diversos escenarios para subsanar los cuellos de botella procesales que devienen en la caducidad o sobreseimiento de las causas, garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos fundamentales de los investigados frente a procesos excesivamente dilatados.

Sin perjuicio de este enfoque global, el alto funcionario consideró indispensable realizar un examen individualizado de los procesos de mayor impacto mediático y social en el país. En tal sentido, enfatizó que se debe auditar minuciosamente el uso y desenlace de los acuerdos de colaboración eficaz en los casos emblemáticos, identificando cuántos de estos mecanismos fueron dejados sin efecto o desestimados a lo largo del camino. Con esta revisión caso por caso, la institución busca determinar las fallas operativas exactas que impidieron consolidar pruebas sólidas ante los tribunales.

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