La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado la apelación presentada por Betssy Chávez en su intento por obtener su libertad y continuar bajo prisión preventiva. La decisión se basa en el argumento de que no se han presentado nuevos elementos que desvirtúen los riesgos de fuga y obstaculización asociados con la exministra del gobierno de Pedro Castillo.

Chávez había apelado la decisión del Poder Judicial que rechazó su solicitud de cese de prisión preventiva en el marco del proceso por el presunto delito de rebelión y conspiración en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Desde junio de este año, la exministra cumple 18 meses de prisión preventiva por su supuesta participación en el golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo. En septiembre, un juez supremo de investigación preparatoria ya había rechazado un primer pedido de cese de prisión preventiva.

La fiscalía acusa a Chávez Chino, quien se desempeñó como expresidenta del Consejo de Ministros, de haber participado en la planificación del golpe de Estado junto con otras personas, incluido el entonces asesor de la PCM, Aníbal Torres Vásquez. Supuestamente, ella convocó a los ministros de Estado para el mensaje a la Nación, participó en la configuración y difusión del discurso de Castillo por la televisión estatal y estuvo involucrada en la ejecución del golpe de Estado. Tras el fracaso del intento de golpe, se afirma que Chávez Chino intentó escapar hacia la Embajada de México en Perú.

La Corte Suprema justificó su decisión argumentando que no se han presentado nuevos elementos que demuestren que los riesgos de fuga y obstaculización ya no existen. La sala consideró las declaraciones recientes, como la del chofer del vehículo de la PCM, Cristian Pedro Martínez Valencia, quien afirmó que Chávez le ordenó llevarla a la Embajada de México. También se tuvo en cuenta la falta de voluntad de reparación del daño por parte de Chávez Chino y la importancia de la figura mediática de su caso.

En cuanto al peligro de obstaculización, la Corte Suprema destacó que la entrega tardía de un teléfono, que no se encontró durante un allanamiento, constituye un acto de ocultamiento. Con base en estos argumentos, la sala concluyó que persisten los riesgos suficientes para justificar la prisión preventiva de Chávez Chino.

La decisión ha sido respaldada por los jueces supremos Manuel Luján Túpez, Fátima Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Norma Carbajal Chávez.