La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia en última instancia, resolvió que la vacancia presidencial de Pedro Castillo y el levantamiento de su antejuicio político se hicieron de acuerdo a ley.

Tal como señala el documento emitido, luego del golpe de Estado del 7 de diciembre se requería tomar decisiones urgentes para la continuación y normalización del régimen constitucional.

Los defensores del hoy recluso expresidente dicen que no hubo delito debido a que no se concretó el golpe, también aducen que no se cumplió con el reglamento del Congreso para vacarlo y que la detención de Castillo no se hizo en flagrancia, dado que los policías que lo capturaron no habían escuchado el mensaje.

La sentencia resalta que fue una decisión adecuada del Parlamento ante la flagrancia delictiva, vencimiento del plazo de la detención judicial preliminar y el peligro de fuga.

Asimismo, diversos especialistas señalan que, en el caso de Castillo, al haber delinquido en vivo al anunciar el cierre inconstitucional del Congreso y la intervención de todos los organismos constitucionales, su culpabilidad era evidente.

También su detención fue en flagrancia porque se dio mientras escapaba junto a su familia la embajada de México.