La Contraloría General de la República ha puesto en marcha el Sistema de Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado (SIRICC), una plataforma informática que requiere el registro de información y documentación de los contratos de consultoría suscritos por las entidades públicas.

Esta medida es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades estatales y tiene como objetivo fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público.

Este sistema, implementado y administrado por la Contraloría, permitirá el registro y seguimiento de los contratos de consultoría, así como su verificación posterior, siendo una herramienta clave para realizar servicios de control y servicios relacionados de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Contraloría.

Esta iniciativa surge en cumplimiento de la Ley 31559, que establece el Registro para el Control de Contratos de Consultorías en el Estado, y busca promover la adecuada gestión de los recursos públicos y garantizar la transparencia en los procesos de contratación.

El proceso de registro para el control de contratos de consultoría implica la generación de credenciales de acceso al SIRICC, el registro de los contratos, el envío de los registros y su publicación. Las entidades públicas deben tener actualizada la información y documentación de los nuevos contratos de consultoría y sus adendas dentro de los diez días hábiles siguientes a su suscripción.

El cronograma establecido indica que los contratos de consultoría suscritos en el año 2023, por un valor superior a una UIT, deberán ser registrados antes del 30 de junio. En cuanto a los contratos del año 2022, la información podrá ser consignada hasta el 30 de septiembre de 2023, y los contratos del 2021 podrán ser registrados hasta el 31 de diciembre de 2023.

La Contraloría recuerda a todas las entidades que el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades relacionadas con el registro, actualización y publicación de los contratos de consultoría y sus adendas conlleva responsabilidad administrativa. En este sentido, las entidades públicas son responsables de sancionar administrativamente cualquier incumplimiento.