El Congreso de la República ha tomado un paso importante en la investigación de las licitaciones y obras otorgadas a empresas chinas en el Perú.

La Comisión del Congreso encargada de examinar las irregularidades en estos contratos ha citado al expresidente Martín Vizcarra para que brinde su declaración sobre los contratos que se firmaron durante su mandato con empresas constructoras chinas en circunstancias que levantan sospechas de irregularidades.

Uno de los proyectos bajo escrutinio es la construcción de la carretera de Canchaque en Piura, así como la obra del hospital Manuel Núñez en Puno. Testigos previamente convocados han proporcionado información relevante sobre estas obras.

En esta misma sesión, la comisión parlamentaria ha decidido cambiar la situación de dos individuos involucrados en el caso de las empresas chinas contratantes con el Estado. Jacqueline García Olavarría, exadministradora de los proyectos especiales de Provías, y Jaime Lino Moya, apoderado de cuatro consorcios empresariales peruanos-chinos, pasarán de ser testigos a investigados. Esta decisión se basa en las declaraciones que ambas personas realizaron en sesiones previas.

Además, la comisión ha citado a los hermanos Roberto y Alexander Aguilar Quispe, quienes habrían actuado como intermediarios entre el gobierno de Pedro Castillo y las empresas chinas en la firma de contratos de concesión millonarios.