El gobierno de Brasil suspendió los acuerdos de cooperación jurídica internacional con Perú en los procesos relacionados con la Operación Lava Jato que involucran a la constructora Odebrecht, actualmente conocida como Novonor.

La decisión fue tomada por la Secretaría Nacional de Justicia, vinculada al Ministerio de Justicia, luego de que se detectara que las autoridades peruanas utilizaron pruebas consideradas inválidas por el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño.

La Procuraduría General de la República (PGR) también suspendió sus actos de cooperación con Perú por las mismas razones. Ambas instituciones brasileñas alegan que las pruebas obtenidas a partir de acuerdos de delación premiada y de lenidad fueron utilizadas indebidamente en procesos judiciales peruanos, violando las condiciones establecidas en los tratados de colaboración.

Entre las pruebas en cuestión se encuentran documentos e informaciones extraídas de los sistemas internos de Odebrecht, como Drousys y My Web Day B, que el ministro del STF Dias Toffoli declaró en 2023 como inservibles en procesos penales, civiles, electorales o de improbidad administrativa. En su decisión, Toffoli también criticó la detención del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2018, afirmando que fue parte de una “armação” con fines políticos.

Las autoridades brasileñas sostienen que esperaron casi un año una respuesta formal del gobierno peruano sobre las acusaciones de uso indebido de pruebas antes de decidir suspender la cooperación. Según documentos oficiales, las autoridades peruanas incluso desconocieron los efectos de decisiones del STF, lo cual agravó la situación diplomática y judicial entre ambos países.

El Perú es uno de los países más afectados por los escándalos derivados de la Lava Jato. Exmandatarios como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski han sido encarcelados por acusaciones de corrupción ligadas a Odebrecht. Además, el expresidente Alan García se suicidó en 2019 para evitar una orden de prisión preventiva en un caso relacionado. La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada recientemente y solicitó asilo político en Brasil.

La constructora Novonor, por su parte, sostiene que las autoridades peruanas ignoraron las restricciones establecidas en los acuerdos internacionales, utilizando pruebas de forma indebida en procesos judiciales e incluso en arbitrajes internacionales. En uno de esos arbitrajes, la empresa busca una compensación de aproximadamente mil millones de dólares por el proyecto inconcluso del Gasoducto Sur Peruano.

La PGR ya había suspendido temporalmente la cooperación con Perú en años anteriores, pero retomó los lazos tras compromisos por parte del país andino. No obstante, la reincidencia en el uso de pruebas prohibidas motivó una nueva suspensión en abril de 2024. Según la legislación internacional, las pruebas compartidas solo pueden utilizarse en los procesos que motivaron la solicitud de cooperación, y no en otras acciones judiciales o administrativas.

El Ministerio Público del Perú, consultado sobre el tema, declaró que el proceso arbitral en Londres es confidencial y que la información utilizada allí fue regulada por la legislación nacional y las normas de arbitraje internacional. Sin embargo, desde Brasil se alega que las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht fueron malinterpretadas y empleadas fuera de contexto, lo que habría violado los acuerdos de cooperación firmados por ambos países.