El abogado penalista Mario Amoretti advirtió que organizaciones no gubernamentales como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Aprodeh estarían influyendo en jueces y fiscales para impedir la aplicación de la Ley de Amnistía, que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional procesados por su actuación en la lucha contra el terrorismo en la década de 1990.

Amoretti señaló que estas ONG promueven seminarios y conferencias en los que se plantea que la normativa aprobada por el Congreso vulnera los derechos humanos. Según dijo, detrás de esas actividades existiría un interés concreto en evitar que militares y policías encarcelados accedan a la libertad.

“IDL y Aprodeh organizaban charlas para fiscales y jueces, con el fin de direccionar sentencias en contra de militares y policías. Tienen un interés concreto en evitar que se otorgue la libertad a determinados agentes del Estado actualmente encarcelados”, manifestó el penalista en declaraciones a Expreso.

Por su parte, el abogado Luis Lamas Puccio sostuvo que un juez que se rehúse a aplicar la disposición aprobada por el Parlamento podría ser denunciado por prevaricato. “Negarse a aplicar una ley aprobada por el Congreso es un acto punible. Un juez que no cumpla podría ser denunciado por prevaricato. Está obligado a respetar el marco legal”, subrayó.