El Comando Unificado concretó el traslado de 30 internos considerados de alta peligrosidad desde el establecimiento penitenciario de Trujillo hacia centros de reclusión con mayores medidas de seguridad. La intervención, ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), forma parte de las acciones del Gobierno para reorganizar la población carcelaria y recuperar el control de los establecimientos penitenciarios.

Entre los reclusos trasladados figuran integrantes de organizaciones criminales como Los Pulpos, La Jauría y Chicago Bulls, bandas vinculadas con diversos hechos delictivos. La reubicación busca limitar la capacidad de sus integrantes para mantener comunicaciones y coordinar actividades ilícitas desde el interior de las prisiones, una de las principales preocupaciones de las autoridades de seguridad.

El operativo estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, cuyos agentes realizaron el desplazamiento bajo estrictas medidas de seguridad y conforme a los protocolos institucionales. La intervención fue desarrollada bajo la conducción del presidente del INPE, Abraham Lescano, en el marco de la estrategia para fortalecer el control penitenciario.

La medida responde al proceso de reclasificación anunciado por la presidenta Keiko Fujimori, quien dispuso revisar la distribución de internos según su nivel de peligrosidad. El Ejecutivo ha planteado que los cabecillas de organizaciones criminales sean enviados a establecimientos con mayores restricciones, con el propósito de impedir que continúen dirigiendo actividades delictivas desde las cárceles.

Los traslados se realizan durante la prórroga del estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios. Paralelamente, el Comando Unificado mantiene requisas y operativos sin previo aviso para identificar teléfonos celulares, accesorios de comunicación y otros objetos prohibidos. Estas intervenciones buscan reforzar la vigilancia interna y reducir las posibilidades de que se organicen delitos desde los pabellones.

El Gobierno anunció que continuará con la reorganización de la población penitenciaria y las medidas para recuperar el principio de autoridad en las cárceles. La efectividad de esta estrategia dependerá del seguimiento de los internos reubicados, la vigilancia permanente y la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad. El objetivo es impedir que los centros penitenciarios sigan siendo utilizados como espacios de operación de las organizaciones criminales.